Noticias

REPÚBLICA DEL ECUADOR

FUNCIÓN JUDICIAL

Juicio No: 09281202001127, PRIMERA INSTANCIA, número de ingreso 1
Casillero Judicial No: 0
Casillero Judicial Electrónico No: 0
Fecha de Notificación: 14 de julio de 2020
A: PRESIDENTE DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE AUTORES Y COMPOSITORES ECUATORIANOS SAYCE JUAN VELASCO
Dr / Ab:

UNIDAD JUDICIAL DE GARANTÍAS PENALES CON COMPETENCIA EN DELITOS FLAGRANTES DE GUAYAQUIL PROVINCIA DE GUAYAS

En el Juicio No. 09281202001127, hay lo siguiente:

EXPEDIENTE N° 01127/2020.-

ACCIÓN CONSTITUCIONAL.-

Guayaquil, 14 de julio del 2020; las 15h42.-

VISTOS: Ab. Ricardo Ramos Aguilera, Juez de la Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes del Guayas, actuando como Juez Constitucional en los términos que la Corte Constitucional lo resolvió en sentencia constitucional N° 001-10-PJO-CC, caso 0999-09-JP, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial número 351 del 29 de diciembre de 2010, me corresponde dictar sentencia escrita y debidamente motivada con los estándares de razonabilidad, lógica y comprensibilidad, y en base a lo previsto en el artículo 17 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por tanto, lo hago así: ACTIVA LEGITIMACIÓN.- Comparecen a deducir esta acción Eugenio Hadatty Saltos, Pedro Heraldo Meléndez Solís, Walter Escobar Acosta, Natividad Esteban Baque Palma, Neris Dayse Briones Plaza, Julio Elias Figueroa Alcivar, Nelson Nicasio García Torres, Gabriel Augusto León López, Narcisa Colombia Molina Cedeño, Angel Susan Montezuma Contreras y Pedro Abel Pinto Jiménez y Abogada Mirelli Icaza Mackliff, Coordinadora General Defensorial Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo.- LEGITIMADOS PASIVOS.- Santiago Cevallos Mena, Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); Gabriel Francisco Garcés Carrillo, Director General y Representante Legal de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos “SAYCE”; Juan Fernando Velasco, Presidente del Consejo Directivo dela Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos “SAYSE”; Procurador General del Estado.- ANTECEDENTES DE HECHO.- Los Recurrentes con el patrocinio de la Coordinadora General Defensorial Zonal 8 de la Defensoría del Pueblo conforme lo facultan los artículos 215 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador y 9 literal b de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en lo posterior: LOGJCC, exponen que en sus calidades de socios de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatoriano (en adelante: SAYCE) que es una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro y regida por la Decisión Andina 351, siendo su objeto la gestión colectiva de los derechos patrimoniales de autor sobre las obras musicales en general. Para efectos de una cabal comprensión, explican que esto de las sociedades de Gestión Colectiva, son fundamentalmente, una herramienta o instrumento para la protección de los derechos que corresponden a los autores y a los demás titulares de derechos de propiedad intelectual, a través, justamente, de organizaciones de base asociativa para defensa de sus socios. Por tanto las entidades de gestión no son sujeto protegido por las leyes de derechos de autor, sino un mecanismo más, el más importante sin duda, para la eficaz protección de derechos de estas personas. Que, dentro de ese contexto, que en parte tiene carácter estatutario pero que en esencia se encuentra cobijado por la Decisión Andina 351 y la Constitución de la República del Ecuador, se han vulnerado por acción u omisión, sus derechos constitucionales a la igualdad formal, material y no discriminación y a la seguridad jurídica. Que, el 29 de marzo de 2017 el Consejo Directivo de SAYCE mediante resolución 024-03-2017, aprobó el “Reglamento que regula la participación de los socios en la Asamblea” en este reglamento dentro del artículo 7 se determinó que cada socio miembro de la Asamblea General tendrá derecho al voto EN FUNCION DE LOS INGRESOS generados por la utilización de sus obras musicales bajo la administración de la Sociedad y establece una tabla que contiene el número de votos asignados en función de cuántos ingresos, medidos en salarios básicos unificado, haya generado el socio, pudiendo el voto de una persona llegar a valer por 25 personas. Esto es, que quien más dinero genera más derechos tiene para votar, esa situación de inferioridad en los que se los ubica, afecta a su dignidad como personas y como socios, pues se los hace ver como personas de menor valía hacia la sociedad, en consideración que no generamos muchos ingresos, se los ubica como personas de inferior condición económica. Este acto se les ha hecho rememorar incluso los primeros años de la República en que para ejercer derechos, entre ellos los políticos, debían tener recursos económicos. Es decir, se los discrimina por la condición económica asociada a los ingresos que generan. Para justificar el Reglamento, se les argumenta con interpretaciones de carácter legal, así como con razonamientos de carácter estatutario, que nada tienen que ver con la afectación al derecho constitucional a la igualdad formal, material y no discriminación. También exponen que se han establecido Autoridades Estatales encargadas de la vigilancia, inspección y control de las sociedades de gestión Colectiva. En el caso de Ecuador esta función está asignada al Servicio Nacional de Derechos Intelectuales -SENADI- (anteriormente Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual – IEPI). Esta Entidad por acción u omisión está acusada de violentar los derechos de los intervinientes a la igualdad formal, material y no discriminación; y al derecho a la Seguridad Jurídica.- SOLICITUD EXPRESA: Solicitan que en sentencia se declare que los legitimados pasivos de la presente acción han vulnerado por acción u omisión los derechos constitucionales a la igualdad, a la no discriminación y a la seguridad jurídica; Que se deje sin efecto el acto administrativo de fecha 06 de abril de 2017 en el que el IEPI, hoy SENADI dispuso el registro del Reglamento que regula la Participación de los Socios en la Asamblea de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos “SAYCE”, en el libro de protocolo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos bajo número USGC-IEPI-065. Que como garantía de no repetición se disponga al Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos “SAYCE”, así como a su Representante Legal que procedan a la revisión del Reglamento que regula la Participación de los Socios en la Asamblea de la Sociedad de Autores y Compositores SAYCE disponiendo de manera expresa la reforma del artículo 7 del precitado reglamento con la finalidad de establecer un esquema de participación que garantice el respeto del derecho a la igualdad formal, material y no discriminación; que como garantía de no repetición, se disponga que de oficio el SENADI proceda a la revisión del Reglamento que regula la Participación de los Socios en la Asamblea de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAYCE a efectos que previo a su registro se garantice el respeto de los derechos constitucionales a la igualdad formal, material y no discriminación, y, que como medida de satisfacción el SENADI y el Consejo Directivo de SAYCE, en la siguiente Asamblea General de SAYCE, pidan disculpas públicas a los legitimados activos de la presente acción así como también mediante una publicación en su respectiva página web, disculpas que deberán mantenerse por al menos 30 días.- Puesta a mi Despacho en virtud del sorteo respectivo, se la aceptó al trámite, se dispuso la notificación a los Accionados, se señaló día y hora para la audiencia pública, y se advirtió los derechos a las partes. En día y hora designados ante petición de parte Accionada (SENADI) solicitó prórroga de la audiencia, lo que fue aceptado y se señaló nueva fecha. Cumplida se llevó a efecto en día y hora indicados, en la que los Intervinientes hicieron uso del derecho a la defensa. Concluyendo con la sentencia oral. Cúmpleme darla por escrito y con los parámetros de la motivación, en tal virtud, para hacerlo considero: PRIMERO.– El suscrito Abogado Ricardo Alberto Ramos Aguilera Juez de Garantías Penales de la Unidad Judicial de Flagrancia es competente para conocer la presente acción, conforme lo prevé los artículos 86 # 2; 167; 226 de la Constitución de la República del Ecuador; 7; 166 # 1; 167 de la Ley Orgánica Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional; 150; 156; 160 N° 1; 225 # 8 del Código Orgánico de la Función Judicial y la resolución N° 205-2013 dictada por el Pleno del Consejo de la Judicatura.- SEGUNDO.- Se ha dado el tramite previsto en la ley, se concedió el derecho a la defensa, por tanto, no se observa omisión de solemnidad que pueda viciar el proceso, en consecuencia se declara su validez.- TERCERO.- La acción de protección tendrá por objeto el amparo directo y eficaz de los derechos reconocidos en la Constitución, y podrá interponerse cuando exista una vulneración de derechos constitucionales, por actos u omisiones de cualquier autoridad pública no judicial; contra políticas públicas cuando supongan la privación del goce o ejercicio de los derechos constitucionales; y cuando la violación proceda de una persona particular, si la violación del derecho provoca daño grave, si presta servicios públicos impropios, si actúa por delegación o concesión, o si la persona afectada se encuentra en estado de subordinación, indefensión o discriminación. Así lo determina el artículo 88 de la Constitución de la República del Ecuador y lo regla el artículo 39 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Por tanto, existe el derecho y la norma jurídica, corresponde establecer si los hechos expuestos en la acción de protección de derechos deducida por el Accionante, se adecúa a la norma y si cumple los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional.- CUARTO.- Una vez constatado que existe la garantía constitucional de protección de derechos y que, tenemos en los artículos 39, 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y control Constitucional la reglamentación para ese efecto, sin apartarnos de las sentencias constitucionales que constituyen antecedentes jurisprudenciales conforme lo estableció el Máximo Órgano de interpretación Constitucional en la sentencia 001-16-PJO-CC- caso 530-10-JP que dijo: “[…] De lo cual se colige entonces que todas los criterios de decisiones jurisdiccionales, esto es sentencias de acciones extraordinarias de protección, de incumplimiento, por incumplimiento, consulta de normas, control de constitucionalidad, de interpretación constitucional, dirimencia de competencias, y dictámenes constitucionales emanados por este órgano de Administración de Justicia son de obligatorio cumplimiento, en virtud de que la Corte Constitucional al interpretar la Constitución al decidir cada caso crea normas jurisprudenciales que se ubican al mismo nivel que la Constitución.” (Sic).- En consecuencia, toca acatar las mismas cuando se complementen en el caso concreto, para esto, es que existen los requisitos y las condiciones estructurales para que una sentencia cumpla con la motivación. Esos elementos son LA RAZONABILIDAD, LA LÓGICA Y LA COMPRENSIBILIDAD. La razonabilidad según lo expuso la misma Corte en la sentencia 239-16-SEP-CC caso 0887-15-EP, consiste en que las decisiones emitidas por la autoridad competente deben ser fundamentadas no solo en los principios constitucionales y en normas infra constitucionales sino que también deben ser sustentadas enmarcándose en la naturaleza del proceso. La Corte Constitucional, ha señalado que este parámetro hace referencia a la determinación de fuentes que el Juzgador utiliza como fundamento de la resolución judicial.- El segundo elemento dela motivación es la lógica, que en cambio tiene relación directa con la vinculación de los elementos ordenados y concadenados, lo que permite elaborar juicios de valor en el juzgador al momento de emitir su resolución en base a las circunstancias fácticas que se presentan en cada caso. Esta debe regirse sobre los hechos puestos a consideración con el fin de que mediante la recurrencia de las fuentes del derecho aplicables al caso, se pueda obtener una sentencia con criterio jurídico que incorpore aquellas fuentes con su conocimiento y los hechos […].- Y, la Comprensibilidad, se entiende como “el hecho de que los juzgadores garanticen el entendimiento y comprensión de la decisión judicial a través del uso de un lenguaje claro.”.- Como podemos observar el hecho narrado en la Acción de Protección por parte de los Accionantes está dirigida contra un grupo, entre particulares y autoridad pública no judicial. Me corresponde exponer como llegué a formarme criterio para emitir sentencia oral, esto es, si se reunieron los requisitos del artículo 40 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional (en adelante LOGJCC).- QUINTO.- Con el derecho de acción y contradicción las partes expusieron sus intereses y alegaciones en la audiencia pública, conforme lo dispone el artículo 14 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, en el siguiente orden: UNO.- En su primera intervención manifiestan así: a).- Se escucha al abogado Geovanny López Ramos de Defensoría del Pueblo en representación de los Accionantes y expuso: “Comparezco en la representación de la abogada Mirelli lcaza Mackliff, que es la delegada provincial y me ha autorizado en esta demanda para obviamente sustentar de manera oral, la demanda que se ha presentado. Esta demanda la sustentaron por una de las competencias constitucionales que atañen a la Defensoría del Pueblo, establecidas en el dos quince de la Constitución, en el artículo 6 de la ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, en concordancia con el artículo 9 literal B de la ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Previo a señalar los hechos que sustentan la presente acción, me gustaría que entremos en el contexto de lo que corresponde el día de hoy a usted constitucional y básicamente es una audiencia de control de constitucionalidad de actos y omisiones de particulares y de instituciones públicas; es decir, no es un control de legalidad, no es un control de si las decisiones que se tomaron, las decisiones que aprobaron estaban o no realizadas en legal y debida forma, sino esencialmente es que si aquello afecta o no afecta directamente a derechos constitucionales que es lo que hemos alegado. Y esto por qué, porque hemos señalado en la demanda que se ha violentado el derecho a la igualdad formal y no discriminación y a la seguridad jurídica; la seguridad jurídica principalmente por qué, porque a diferencia de lo que era el anterior estado, legicentrista, donde lo que importaba era el apego irrestricto a la ley; en el estado constitucional de derechos y justicia en el que actualmente nos encontramos, en el que usted como Juez Constitucional tiene que ubicarse, implica de que naturalmente todos los actos de particulares e instituciones públicas están sujetos a un control de constitucionalidad, porque en el primer elemento de las seguridad jurídica, como lo indiqué, no es respecto irrestricto a la ley, sino esencialmente, el primer elemento es el respecto a la Constitución, en las normas constitucionales. Habiendo dicho aquello, voy a centrarme en los hechos que atañen a la presente acción: el día 29 de marzo del 2017, el Consejo Directivo de Sayce, mediante resolución número 024 03 2017 aprobó el reglamento que regula la participación de los socios en la asamblea, en este reglamento señor juez, dentro del artículo 7 se determinó que cada socio o miembro de la asamblea tendrá derecho al voto en función de los ingresos, generados por la producción de sus obras musicales y establece una tabla de ingresos medidos en salarios básicos unificados; pudiendo el voto de una persona, el voto del señor Meléndez, valer por 1, pero el voto de otro autor valer hasta por 25 personas. Naturalmente esto de aquí, mediante esta resolución Sayce lo que resolvió es que quien más dinero genera tiene más derechos, consideramos hasta el momento que es claro por dónde va el tema del trato desigual hacia mis Representados. Esta situación de inferioridad en la que se lo ubica tiene un resultado directo justamente en la afectación de su dignidad como personas, como socios, pues en esencia se los hace ver como personas de menor valía hacia las sociedades de gestión colectivas, o sea ante SAYCE y ante la sociedad en general en consideración a qué, a que no generan suficientes ingresos, a que los ubica como personas de menor condición económica, este acto justamente ha hecho recordar rememorar inclusive los inicios de la república donde en aquel entonces se consideraron que para ejercer determinados derechos inclusive se tenían que tener determinados ingresos económicos, habiéndose superado todo eso de ahí hace cuantísimos años, luego de rememorar acá con las acciones de SAYCE; es decir, se los discrimina por la posición económica social o los ingresos que generan por sus obras. Para justificar este reglamento SAYCE ha argumentado por cuestiones de orden legal y por cuestiones de orden estatutarias y el estatuto lo prevé, por lo tanto lo puede hacer y que nada tiene que ver con la afectación del derecho constitucional a la igual formal y no discriminación, por qué, porque efectivamente un órgano colegiado no podría validar de que es correcto discriminar a alguien porque genera pocos ingresos, es como que mañana o pasado la Asamblea Nacional determine que el voto de las personas con discapacidad vale menos que el de las demás personas, o que el voto de una persona con un determinado nivel de instrucción o un determinado nivel de ingresos vale más que el que otras personas, entonces naturalmente aquello no es posible dentro de un estado constitucional de derechos y justicia. Ese es el acto a cargo del particular, SAYCE que vulnera derecho constitucional, pero en la presente acción y considerando que la gestión colectiva de derechos de autor es un tema de interés público, y por qué es de interés público, porque naturalmente tanto al nivel de derecho comunitario, me refiero a la decisión 351 de la CAN, como a nivel de la legislación interna de los Estados, se han establecido entes estatales, organismos estatales, encargados de qué, esencialmente de cumplir las obligaciones estatales del estado: Respetar, vigilar y cumplir las obligaciones del Estado materia de derecho, y para el caso de SENADI, esencialmente al ser un órgano estatal encargado de la supervisión, control y vigilancia de SAYCE, de las unidades de gestión colectiva, SENADI, en el aquel entonces IEPI, pero hoy se demanda a SENADI porque fue la que asumió, sin ningún tipo de objeción, sin ningún tipo de comentarios, sin reparar en lo mínimo en que aquello efectivamente contradiga y contravenía normas constitucionales, principios transversales, obligación a todos los derechos, 11.2 de la Constitución, aprobó mediante acto emitió el 6 de abril el 2017, sin objeción alguna y dispuso el registro del reglamento de participación de SAYCE, en el libro de protocolo de dirección nacional de derechos de autor y derechos conexo bajo, el número USGC y X065, ese es el acto y omisión a cargo del Estado, en este caso el SENADI que vulnera a derechos constitucionales. Como lo había indicado, esos son los dos actos, que a cargo de los legitimados pasivos de la presenta acción que vulnera a los derechos constitucionales a criterio de la Defensoría del Pueblo. Mediante este acto qué es lo que ocurrió, este acto es el que valida, consuma y materializa la discriminación hacia el señor Melendez, hacia el señor Hadatty que no está aquí presente, por qué, porque esencialmente validó y esto es lo preocupante porque al final de cuentas es el Estado, el que valida dentro de las sociedades de gestión colectiva es válido discriminar, que dentro de las sociedades de gestión colectiva la Constitución no aplica, que dentro de las sociedades de gestión colectiva es válido que una mayoría decida que se puede discriminar a otros socios, asociados a la condición económica porque sus obras no generan ingresos, y esto es paradójico porque como lo indicaba es el Estado el Sujeto obligado a garantizar, proteger y respetar derechos, y esto sumado al más alto deber del Estado, artículo 11.9 de la Constitución, entonces por eso es que naturalmente se demanda también la actuación del Estado como vulneratoria de derechos constitucionales. El objetivo de la audiencia el día de hoy y por lo que hemos comparecido como Defensoría del Pueblo es probablemente por lo que usted decidió estudiar derecho en su momento, la búsqueda de justicia, la búsqueda del valor de la justicia como tal, y esencialmente es que las personas sean tratadas con dignidad como igual lineal, como cualquier ser humano que no se los identifique en una condición inferior por, este caso la condición de no generar ingresos para sociedad y ojo que no se busca ningún tipo de interés, señor juez, no hay ningún interés económico, patrimonial delante de las acciones de nosotros, por qué, porque los ingresos económicos que son para los titulares de los derechos de autor, es decir, para el mismo señor Juan Fernando Velasco, para Jorge Luis del hierro, y demás autores, todos esos derechos por sus obras están salvaguardados, están salvaguardados porqué¡, por la decisión 351 de la CAN artículo 45 literal E están salvaguardados por el mismo Código de la Economía Social y Conocimientos de Innovación, están salvaguardados por el mismo reglamento de distribución de SAYCE que esta anexada la demanda y que también solicito sea considerado como prueba a nuestro favor, que básicamente lo que hace es salvaguardar y decir efectivamente, el dinero que genera las obras está para los titulares de derechos de autor y entonces lo que perseguimos esencialmente es que se los trate con dignidad, que se los reconozca como cualquier ser humano que tiene igual lineal, igual derecho. A pesar de la simple narración que yo he realizado ya se decanta, se observa que claramente por dónde está abocada la vulneración de los derechos constitucionales a la igualdad formal y a la no discriminación, así como a la seguridad jurídica. Voy a permitirme brevemente hacer un análisis de lo que implican cada uno de estos dos derechos que he mencionado, así como de la jurisprudencia que los cobija porque ojo, en materia de los derechos constitucionales, materia de derecho constitucional y más aún dentro del estado constitucional de derecho de justicia en el que nosotros vivimos, la jurisprudencia de la Corte Constitucional se ubica ya no como anteriormente era que era primera referencia, no, la jurisprudencia de la Corte Constitucional dentro del nuevo Estado constitucional del derecho de justicia se ubica al mismo nivel de la Constitución, no es un criterio de la Defensoría del Pueblo, es lo que la misma Corte Constitucional en varias sentencias ha manifestado. Sobre el derecho de la igualdad y no discriminación, como ya me referí tiene dos vertientes tanto como principio de aplicación de derechos, mandato de optimización y radiaciones, todos mis actos están transversalizados por aquel principio como un derecho directamente reconocido en el 76.4 de la constitución para cada una de las personas. El Estado garantiza que nadie puede discriminar, incluyendo los particulares, nadie escapa del control constitucional y sobre este tema la Corte Constitucional del Ecuador a través de su Secretaría Técnica Jurisdiccional dentro de la obra “desarrollo jurisprudencial de la primera Corte Constitucional” serie 7, no es sino el compendió de todo lo que yo he desarrollado como Corte Constitucional dentro de un período de todas mis sentencias, qué es lo que ha analizado sobre el derecho de la igualdad: En tal virtud la igualdad formal ante la Ley tiene relación con la garantía de identidad de trato a todos los destinatarios de una norma, evitando la existencia injustificada de privilegios, en las que la igualdad material o real no tiene que ver con cuestiones formales, sino con la real condición del individuo a quien va a ser aplicada la norma con la finalidad de evitar injusticias. El derecho a la igualdad se fundamenta en la dignidad de las personas y demanda igualdad de trato, igualdad de oportunidades, y esto no quiere decir de que soslaye la existencia de diferencias de las personas, no, simplemente lo que la Corte ha dicho es que cuando tú aludes a una de las condiciones establecidas en el artículo 11 numeral 2, en este caso la condición socio económica, es válido hacer una distinción de tratos, señor juez, es válido dice la corte, pero cuándo, para equiparar el derecho, para aumentar los derechos, para generar lo que se denomina acción afirmativa de discriminación positiva, acciones afirmativas en general, es decir aumentar, equiparar igualdad de oportunidades a otros que se encuentran en una institución de desventajas, todo lo contrario lo que ocurre aquí, aquí se alude, se ataca a una condición social justamente para restringir, para anular para menoscabar derechos, para tratar de manera menos digna a ellos, decirle tú tienes menos derechos porque tú generas menos, tú tienes menos derechos porque tus obras no generan tantos ingresos, tú vales menos, eso es lo que ese reglamento se traduce en su artículo 7.- ¿Qué es lo que ocurre? La Corte ha dicho que, cuando se genera aquello, evidentemente se está dentro de lo que se denomina las categoría sospechosa, qué es esto de categoría sospechosa, me permito nuevamente a referirme a lo que la Corte Constitucional ha dicho, dice: Son aquellos criterios que son utilizados para establecer una diferencia constitucionalmente injustificable, o cuya justificación es tan débil, pero tan débil que no soporta un análisis sobre su razonabilidad o proporcionalidad, y continúa también la Corte argumentando: la sola presencia de una categoría sospechosa, implica el traslado de la carga argumentativa probatoria respecto a la constitucionalidad del acto del ende demandado, es decir, de aquello en plena consonancia con la norma adjetiva, la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, cuando establece claramente que en este tipo de acciones cuando lo que se alude es la vulneración a derechos de igualdad material y no discriminación, la carga de la prueba está invertida, y aunque hasta ahorita ha sido claro cómo se ha probado de que hay un trato desigual, hay un trato diferente, el reglamento es muy claro, no nos corresponde a nosotros probar señor juez, les corresponde a ellos demostrar por qué es justificable, por qué es razonable y por qué es proporcional decir que estas personas valen menos, esperemos que en la intervención de ellos puedan hacerlo. Respecto a la seguridad jurídica, muy brevemente la corte lo que ha dicho esencialmente es que la seguridad jurídica crea certeza, confianza, certidumbre a respecto de que existen unos límites a la arbitrariedad tanto del Estado como de particulares, me refiero así a la sentencia número 119-13-SEP-CC dentro del caso 1310-10-EP página 9, límites a la arbitrariedad, correcto. Como lo mencioné al inicio de mi intervención cuando dije señor juez usted está aquí en condición de juez constitucional garantizando obviamente que el día de hoy los actos y acciones de los Demandados tienen que ser sujetos a un control de constitucionalidad y efectivamente le indiqué que la seguridad jurídica el primer elemento no es el apego irrestricto a la norma, no es que yo simplemente acudo en apego a la una ley argumento de porque puedo, porque es legal puedo discriminar, si ese resultado se da, implica de que la justicia constitucional puede plenamente intervenir porque aquello está plenamente contrariando normas y disposiciones constitucionales. Queda claro así, que en materia de derechos constitucionales, el deber primordial del Estado y en este caso de la justicia constitucional es garantizar la efectiva vigencia de los derechos constitucionales y apartarnos del Estado legicentrista y aquí me refiero a la doctrina, Prieto Sanchis, teórico español, ha dicho claramente que dentro del anterior estado legalista, legicentrista, los casos eran fáciles señor juez, los casos de resolución eran fáciles, simplemente subsumían, no había problema, pero en un Estado constitucional de derechos y justicia, las cosas se complejizan, pero se complejizan para bien, se complejizan para garantizar derechos, se complejizan para tutelar derechos y ahí los que nos dice Pietro Sanchís es que esencialmente lo que se debe concurrir siempre es a la ponderación, y a la final de cuentas analizarse que el resultado de esa aparente subsunción debido a una vulneración de derecho constitucional y si es que aquello ocurre implica naturalmente la actuación de la justicia constitucional. Señor juez, me referiré en última instancia a la pretensión, como está señalado en la demanda, solicitamos que en sentencia debidamente motivada, se declara que los legitimados pasivos han vulnerado por acción u omisión de los derechos constitucionales a la igualdad formal y no discriminación y a la seguridad jurídica, que se deje sin efecto el acta administrativo de fecha 6 de abril del 2017 mediante el cual el IEPI, hoy SENADI impuso un registro de reglamento que regula la participación de los socios en la asamblea en el libro de protocolo de la dirección nacional de derechos de autor y derechos conexo bajo el número USGCI035, que se disponga también al Consejo Directivo de la Sociedad de Autores y Artistas Ecuatorianos SAYCE, así como a su representante legal que procedan a la revisión de reglamento que regula la participación de los socios en la asamblea de SAYCE disponiendo de manera expresa la reforma del artículo 7 de presentado reglamento como en la finalidad de establecer un esquema de participación que garantiza el respeto del derecho constitucional a la igualdad formal y no discriminación, que como garantía de no repetición se disponga que de oficio el SENADI, previo a registrar cualquier otro tipo de reglamento proceda a realizar y a cumplir con sus obligaciones estatales de respeto y protección de derechos y garantice que al ver reglamentos se encuentran en armonía con los principios de derechos constitucionales en este caso por la igualdad formal y no discriminación; finalmente que como medida de satisfacción: SENADI, Consejo Directivo de SAYCE y sus Representantes legales, la próxima Asamblea General de Socios pidan disculpas públicas a los Demandantes de la presente acción y que través de sus páginas web de cada una de las entidades también se haga lo mismo, disculpas públicas que deberán mantenerse por al menos 30 días”; b).- De la misma manera el señor abogado David González Aroca, en representación de Santiago Cevallos Mena, Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI), expone que: Efectivamente comparezco dentro de la presente acción bastante sorprendido señor juez, bastante sorprendido porque la presente acción está incoada por la Defensoría del Pueblo, Defensoría del Pueblo que debe tener muy claro cómo funcionan los derechos, cómo se accionan los derechos, cómo se tutela los derechos, porque naturalmente son los llamados a protegerlos, por competencia que les otorga la misma Constitución. Entonces partamos de allí. La Defensoría del Pueblo dentro del presente caso hace una interpretación errónea de los derechos que quiere en este momento reivindicar y que en este momento quieren que usted señor juez se pronuncie, y por qué, no podemos equiparar, bajo ningún punto de vista, derechos civiles y políticos con derechos patrimoniales, no podemos equiparar una sociedad de derechos privado, y no lo podemos dar este control extremo que se le quiere dar a lo que se hace una sociedad de derecho privado. Y más adelante me voy a referir a los hechos de por qué existe el voto ponderado. Esta confusión, tener una acción completamente inadecuada, inmotivada, hasta absurda señor juez, por qué, como le indico, está mal interpretación de derechos hace que supuestamente ellos argumenten que hay una violación de igualdad formal, material y no discriminación y también argumentan que hay una violación a la seguridad jurídica. Vamos a los hechos. Señor juez, SAYCE, como su nombre lo indica es la sociedad de autores y compositores del Ecuador, efectivamente se rige a las normas que la amparan, principalmente en su tiempo, la Ley de Propiedad Intelectual, el reglamento a la Ley de Propiedad Intelectual, así como la decisión que acertadamente el acertadamente ha hecho referencia que es la 351 de la Comunidad Andina y este momento se rigen a las disposiciones del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos Creatividad e Innovación, qué es lo que disponen, qué es lo que hacen, para qué existe una sociedad de derechos colectivos, una sociedad de gestión de derechos de autor, para qué existe en el mundo?, efectivamente como su nombre lo indica es para gestionar los derechos, es decir, yo quiero que en este momento señor juez se pruebe con el expediente que los legitimados activos hayan sido obligados a asociarse a la sociedad de autores y compositores del Ecuador, SAYCE. No existe prueba alguna de que se ellos se les obligó a asociarse a esta sociedad de derechos privados, y ellos naturalmente pueden cautelar sus derechos de autor por cuenta propia, lo pueden hacer, no es necesario una sociedad de gestión de derechos de autor. Naturalmente las sociedades de gestión de derechos de autor existen porque es un mejor manejo de los derechos, pero señor juez, como lo dije al inicio de este hecho, vamos a los hechos, yo quiero ponerme a pensar cuánto tiempo, dinero, esfuerzo le tomó a los mismos autores que el legitimado activo en este momento ha indicado, Jorge del Hierro, Sergio Sacoto, Juan Fernando Velasco, es decir señor juez, cuánto tiempo les tomó llegar al punto donde están, no ha sido de la noche a la mañana y por ello, al ser una sociedad de derecho privado merecen mayor participación y le hago el símil: Señor juez, el día de mañana con este pretexto que no hay que discriminar de que hay que garantizar una igualdad material, formal y de no discriminación, la superintendencia de bancos, interviene el banco del Pichincha y les dice que los accionistas que tienen más participaciones no tienen mayoría en el voto. Esa precisamente es la naturaleza del voto ponderado y la razón no exige fuerza. En realidad es lo que yo este momento venía pensado mientras me trasladaba a esta unidad, alguien les obliga a estar asociados, alguien les ha dicho que efectivamente para cautelar sus derechos deben estar asociados a SAYCE, no señor juez, y ese es el hecho de que efectivamente los autores confundan sus derechos y equiparan derechos civiles y políticos naturalmente para ejercer el voto, sí señor juez, nadie debe ser discriminado naturalmente, entiendo, para efectos de una sociedad de derechos privado, no podemos hablar de una discriminación o una violación a la igualdad formal material y este tema. Ahora bien señor juez, el artículo 88 de la Constitución, el artículo 40, 41 y 42 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional son claros, en realidad lo que indica es que este tipo de acciones son viables cuando se verifica la violación de un derecho constitucional, entonces cómo podemos hablar de una violación de derecho constitucional cuando ni siquiera se tiene claro cuáles derechos se están tutelando, cómo podemos hablar de una violación de derechos constitucionales, señor juez, cuando nadie les obliga a seguir asociando a una sociedad de gestión de derechos de autor, cómo podemos hablar de una violación de derechos constitucionales cuando el SENADI naturalmente por las potestades que le otorga el Código Orgánico que le indicaba que el llamado ingenio, es de vigilancia, inspección y monitoreo a las sociedades de gestión, pero bajo ningún punto de vista en el acto administrativo que ni siquiera ha sido singularizado bien, dentro de la presente causa porque hay mucha confusión y desconocimiento, es meramente de registro, naturalmente nosotros cumplimos esta vigilancia, restricción y monitoreo, pero señala es, señor juez, le vuelvo a hacer el símil que le hice hace pocos minutos, mañana con ese pretexto, la superintendencia de bancos vaya a intervenir y le va a decir que el socio que tiene mayores participaciones en el banco Pichicha no tiene por qué tener más acciones ni participaciones y voto en las juntas generales de accionistas. Eso de los hechos materiales naturalmente se ha corroborado señor juez, que se ha configurado varios de los numerales del artículo 42 de la Ley Orgánica Garantía Jurisdiccionales y Control Constitucional, entre ellos netamente que no se ha demostrado que hay una violación de derechos constitucionales, entre ellos como ha indicado la parte Accionante, que se apela la legalidad de este tema y de ellos principalmente señor juez algo que quiero hacer mucho énfasis y dentro del escrito que se va a presentar y las pruebas que SAYCE va a presentar, vamos a recordar lo que aprendimos en las clases, lo que aprendimos estando sentados en nuestras casas que gracias, agradezco al doctor que ha dicho sí hay principios que debemos aprender, si bien es cierto, que no es jurisprudencia vinculante, alguna resolución de un juez anterior, que por principio general del derecho llamado stare decisis, que se dice mantenerse a lo ya decidido, qué dijo que no hay violación en este caso y es lo mismo, en realidad, en ese momento otros socios de SAYCE lo que quisieron hacer es lo que en este momento nos ocupa señor juez y dijeron los mismos argumentos que la Defensoría del Pueblo está aseverando, que hay violación de derechos constitucionales y todo este tema y no es que solo se resolvió en primera instancia, sino que se ratificó que efectivamente no hay violación de derechos constitucionales señor juez, porque naturalmente estamos hablando de una sociedad de derecho privado y como yo le invito señor juez, no es que el Estado de derecho de justicia, el Estado de derecho legal y todo este tema y que ha cambiado el paradigma y de que no podemos discriminar a la gente, pero yo le digo señor juez y le hago la pregunta con todo el respeto que se merece, el día de mañana usted va a su casa, hace una creación musical sin ningún tipo de inversión y quiere tener la misma participación del socio que tuvo que invertir tiempo, dinero, como dicen, plata y persona, para estar en la situación que está ahora señor y llamarse y ganarse un nombre, no es lo mismo, bajo ningún punto de vista podemos decir que les vamos a dar el mismo tratamiento, la parte actora ha hablado de una violación de derecho de la igualdad formal, material y lo que nos dice es que, lo que busca es que no se discrimine, en realidad creo que hay que leer un poco completo la jurisprudencia del caso que efectivamente ha dicho la parte accionante que hay que respetarla porque la Corte interpreta directamente a la Constitución, pero tal vez no lo dijo en la parte que lo convenía y la parte que no le convenía es que el derecho a la igualdad formal, material y no discriminación es en situaciones paritarias. Ahí señor juez todos tenemos derecho al voto, yo no voy a discriminar por su condición de ser discapacitado, extranjero y algunas cuestiones, no. Ahí podemos hablar de un derecho de no discriminación, pero aquí hablamos principalmente de una sociedad de derechos privado y se rige bajo las normas del código ingenio y bajo ningún punto de vista se puede entender cómo la Defensoría del Pueblo acciona una vía constitucional cuando si no están de acuerdo, la solución inmediata es desafiliarse. Así también señor juez, han apelado a que se ha violado el derecho de la seguridad jurídica, en lo principal, el derecho a la seguridad jurídica es atenerse a normas previas, claras y públicas, nunca lo comprobó, no sé por qué estamos violentado el derecho a la seguridad jurídica, en qué momento lo hicimos como Institución del Estado, y cómo parte de un mal entendimiento de cómo funcionan los derechos, del propiedad intelectual y de cómo funciona principalmente una sociedad de gente privado, de derechos privado. Señor juez, en realidad la razón es obvia y principalmente lo que le indico, que hay una regla de mantenerse a lo recibido y que hay una causa con identidad objetiva, mas no subjetiva, fueron otros socios naturalmente y ya se decidió que no hay violación de derechos constitucional, ahí me sorprende la presente acción y en realidad le agradezco haberme dado la oportunidad de comparecer y trasladar en este día y poder hablar ante usted señor juez explicándole todas las razones de la presente acción, pero si quiero ser muy enfático que en el desgaste institucional de este tipo de acciones. El desgaste es excesivo y me sorprende que una Entidad del Estado confundiendo los derechos quiere proteger inicia este tipo de acciones, en realidad se ha corroborado señor juez que no hay violación de derechos constitucionales y que a varios numerales del artículo 42 de la Ley Orgánica se han configurado para la improcedencia de la acción. Yo quiero escuchar en la réplica en realidad, cómo es que la parte actora quiere justificar que una sociedad de derecho privado simplemente le dé el valor a los socios de tienen en el mercado, esto es simple señor juez, el valor del mercado, nada más. Naturalmente por todas las consideraciones expuestas, la presentación debe ser rechazada, pero sí le solicito señor juez en conformidad con las potestades que le otorgan la ley orgánica de garantías jurisdiccionales que se sanciona la parte Actora, por el abuso del derecho, por qué señor juez, por qué este desgaste institucional no es necesaria, por qué hay un principio de que incluso de cooperación hay un principio de ellos nos pidieron información dentro del proceso defensorial y se les presentó todas las pruebas de descargo y no se entiende cómo inician una acción de este tipo, simplemente confundiendo los derechos que se quieran reivindicar, derechos civiles y políticos, derechos patrimoniales completamente distinto señor juez. Por todo lo expuesto en realidad la presentación debe ser rechazada, como le indico, que se sancione también a la parte actora por el abuso del derecho”; c).- Se escuchó también a la señorita abogada Ruth Ponce Moreno, en nombre de los Accionados Gabriel Francisco Garcés Carrillo, Director General y Representante Legal de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos «SAYCE»; y, Juan Fernando Velasco, Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos «SAYCE”, y manifestó que: “Como efectivamente lo dijo señor juez comparezco como procuradora judicial a nombre del Presidente del Consejo Directivo de SAYCE, Juan Fernando Velasco y del Director General, el señor Gabriel Garcés, quien también está presente. En cuanto a esta acción de garantías constitucionales, me ratifico en lo que ha expresado el SENADI, es sorprendente que ese tipo de acciones se den paso y más aún auspiciados por la Defensoría del Pueblo en la cual cuando se abrió el expediente defensorial, existían ya antecedentes sobre pronunciamiento expresos y que la Defensoría del Pueblo debía haber hecho caso, por lo menos de los documentos. Esto de manera general, como lo dijo el SENADI no constituye jurisprudencia, pero sí existe una acción de protección que se impuso en el año 2017 por varios socios en la ciudad de Quito, precisamente contra el mismo reglamento de participación de los socios de la asamblea y contra el registro que se hizo en aquel entonces el IEPI, ahora SENADI argumentando que existía vulneración de derechos constitucionales concentrados en el artículo 11, 61, 61.1, 62 y 98 de la Constitución y también se argumentó que existía discriminación en función de su condición socioeconómica, hay similitud los derechos demandados de esa época son los mismos argumentos y esta acción de protección cayó en la unidad judicial penal concede a la ciudad de Quito y en primera instancia se ratificó que no había vulneración de derechos lo cual fue corroborado por la sala de lo Civil y Mercantil de la Corte provincial que también estableció y que no existía ningún tipo de vulneración de derechos. No constituye en ningún momento jurisprudencia pero sin embargo, cuando se abrió la investigación defensorial el 4 de junio del 2019 se nos corrió traslado con la petición interpuesta por varios socios aquí en la ciudad de Guayaquil y nosotros hicimos contestación oportuna adjuntando toda la documentación e incluso indicamos que existían que los mismos derechos ya habían sido reclamados y habían sido conocidos. Que había una sentencia en firme y ejecutoriada y en aquel entonces, amparado en lo que dispone el numeral 4 del artículo 22 del Reglamento de admisibilidad y trámites de caso de competencia de la Defensoría del Pueblo, resolución número 56 del 2017, alegamos la inadmisibilidad de la petición presentada por el señor Eugenio Hadatty y demás socios ante la Defensoría del Pueblo, por lo cual solicitamos a la Defensoría del Pueblo el archivo de la causa toda vez que de acuerdo a esta normativa, al existir una sentencia ejecutoriada, la Defensoría del Pueblo debía abstenerse de seguir con la petición realizada por varios socios en la ciudad de Guayaquil, sorprendentemente hicieron caso omiso, hubo incluso una providencia de parte de ellos, en la cual se indicaba que, ante los alegado por SAYCE se le corría traslado a los Socios a ver qué nuevas reclamaciones tenían con respecto a reclamación justa. Nos sorprendió después tener una resolución de la Defensoría del Pueblo que sí, ordenaba el archivo de la causa, pero cambiaba en tipo de expediente defensorial, dando paso a esta acción de protección. Esto como antecedente, por lo demás la Sociedad de Autores se excepciona alegando la improcedencia de la acción al amparo de lo que establece el artículo 42 numeral 4 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por qué, como lo ha manifestado el abogado de la Defensoría del Pueblo en toda la parte expositiva, más allá de la vulneración de los derechos que se están demandando ante su Autoridad, señor juez en toda su intervención ha hecho alusión al acto administrativo que vulnera los derechos constitucionales, tanto así que en la foja 4 de la demanda presentada por ellos indican y alegan que con la aprobación del Reglamento por parte del Consejo del Directivo y el registro del mismo en el IEPI actual SENADI, este organismo realizó un acto administrativo mediante el cual se cumplió sus obligaciones y respecto de los derechos fundamentales de los demandantes. Señor juez como usted sabe y conoce, los actos administrativos no tienen por qué ser demandados ante este tipo de acciones constitucionales, los actos administrativos se demandan en la misma vía o ante el mismo ente o ante la jurisdicción contenciosa administrativa, más aún cuando el artículo 549 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación establece en la parte pertinente que los actos administrativos en la autoridad nacional competente, en la materia de derechos individuales, susceptibles de impugnación ante la jurisdicción contenciosa administrativa. Bajo estos parámetros señor juez, no se ha agotado la vía administrativa si hubiera una supuesta vulneración de derechos en la cual se le ha demostrado que tanto la via administrativa es ineficaz, para tutelar tipos de vulneraciones o actos que no corresponden o no se trataron. Me permito citar la parte pertinente de lo que estableció la Sala Civil y Mercantil de la Corte Provincial del Pichincha en sentencia de segunda instancia cuando ya se interpuso esta acción de protección, que hace un análisis con respecto a este mismo tema y hace un análisis y hace referencia al artículo 173 de la Constitución y prescribe, los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en vía administrativa como ante los correspondientes órganos de la Función Judicial:; lo que significa que no se puede interponer acción de protección, reemplazando las acciones ordinarias establecidas en la ley en forma concordante con el artículo 31 del Código Orgánico de la Función Judicial. Por expuesto esto señor juez, esta no es la vía para demandar la vulneración de los derechos más aún cuando esto nace de un acto administrativo que tenía que ser demandado en otra vía y no llegar a estas instancias. Por otro lado, rechazamos totalmente que exista con la aprobación del reglamento, que regula la participación de los socios en la asamblea, exista vulneración de derechos de igualdad, de derechos de participación y mucho menos que sienta una discriminación por parte de la sociedad con respecto de los socios de su condición socio económica, y para un mayor conocimiento de su autoridad, porque esta es la parte que el abogado en la Defensoría del Pueblo ha omitido, porque todo lo que regula el marco ilegal que ampara al voto ponderado que se ha establecido en este reglamento existe una normativa vigente bajo la cual la sociedad se rigió para elaborar este reglamento y luego registrarlo ante el SENADI que es lo que no se ha dicho en esta sala ni en esta audiencia. Partamos primero de la protestad que tiene el consejo directivo de acuerdo al artículo 33 numeral 15 de su estatuto donde le da la protestad al consejo directivo de SAYCE para aprobar, elaborar los reglamentos que sean necesarios para organizar y manejar todas las situaciones internas de nivel de las sociedades de gestión colectiva. Entonces bajo esta protestad que tiene el consejo directivo puede que el 29 de marzo del 2017 mediante resolución 24 03 del 2017 aprobó el reglamento objeto de esta acción de protección y posteriormente ese mismo reglamento fue registrado en el SENADI y bajo el número de registro 65 el 6 de abril del 2017. Qué es lo que establece este reglamento?, lo que establece este reglamento son los procedimientos y la formas de participación de los socios en las asambleas y en la toma de decisiones. El COES en su artículo 245 numeral 1 literal G establece y reconoce los socios un derecho de participación en las asambleas, en ninguna parte al ser este un derecho privado, son instituciones privadas, establecen el COES el derecho de participación es igualitario, sino que dice un derecho de participación apropiado, lo cual lo tienen todos los socios porque sin discriminación alguna todos los socios participan de las asambleas, más allá de que generen o no generen derechos de sus obras, o que tengan ingresos económicos. Cómo regulamos el voto ponderado?, existe el artículo 35 literal C del reglamento a la ley de propiedad intelectual, por qué hago alusión a la ley de propiedad intelectual, porque hasta el momento el código orgánico de la economía social de los conocimientos creatividad e innovación, no tiene reglamento propio, no se ha expedido desde el año 2016 un reglamento para esta ley y existe una transitoria que es la transitoria tercera a través de la cual se determina que mientras no se emitan los reglamentos respectivos, que ya van a ser 4 años, seguirá vigente el reglamento a la ley de propiedad intelectual y demás normativas para regular el accionar de las sociedades de gestión y todo lo que tiene que ver con materia de propiedad intelectual, entonces, qué dice este artículo 35 y esto es fundamental señor juez porque esta es la base legal bajo el cual se sustenta el voto ponderado, el artículo 35 dice que las entidades de gestión colectiva están obligadas a reconocer a los representados un derecho de participación apropiado en las decisiones de la entidad, hasta aquí es lo mismo que establece el COES, pero qué dice, pudiendo establecer un sistema de votación que tome en cuenta criterios de ponderación razonable y que guarden proporción con la utilización efectiva de sus obras, qué quiere decir la organización efectiva de sus obras, y aquí hago un paréntesis para ilustrar lo que dice este artículo, las sociedades de gestión, como ya lo dejó indicado, lo que hacen es administrar derechos de quiénes, de privados, las sociedades de gestión colectiva no son asociaciones a través de las cuales todos sus miembros reciben el horario igualitaria, los beneficios, qué hacen las sociedades, son una especie de intermediarios entre quiénes, entre los autores que representan y que administran las obras a la sociedad y entre los usuarios de esas obras, cuando la sociedad cobra los diferentes usos, no es que coge y reparte por igual a todos sus socios, hay socios en la sociedad que no reciben un centavo, por qué, sus obras desgraciadamente no están en el mercado, no están generando y no reciben dinero, porque no suena, como lo podemos decir así, cuando entran los dineros de las obras que suenan o que están en el mercado, están sonando, la sociedad lo que hace es un monitoreo y en base a la información proporcionada por los mismos usuarios de los usos que se están dando, la sociedad reparte los dineros en función de estar generando la obra de cada autor, hay un principio jurídico en materias de propiedad intelectual que dice “que el autor dicte la suerte de su obra”, qué quiere decir, que si la obra es exitosa, la obra suena, es un autor exitoso que recibe remuneración y la remuneración que la sociedad le dé a cada autor es en función del dinero que están generando y en función de la forma de cómo están sonando sus obras en el mercado, es decir que no todos los socios reciben de la parte de la sociedad una remuneración equitativa ni igualitaria, porque la razón de ser de la sociedad de gestión es esa, la razón de ser de las sociedades de gestión es gestionar los derechos y pagarle a cada autor lo que sus obras están generando en el mercado, bien sea por la preferencia de las personas que escuchan las obras o bien sea por la inversión que cada autor hace para que sus obras empiecen a generar. En base a esta lógica que es la razón de ser y que no es algo que SAYCE se ha inventado, porque está en la normativa vigente, es que la participación de los socios se hace de igual manera a través del voto ponderado, entre más genera más derecho de participación, no derecho de participación, más su voto tiene peso. Porque sería ilógico que el día de mañana las decisiones de la sociedad estén en manos de aquellas personas que no generan ni un centavo, cómo puede ser posible que una persona que su obra no genera nada durante años porque tenemos socios que durante años no han generado un centavo, decidan qué hacer con el dinero de las personas que sí generan, no existe vulneración de derechos porque el reglamento que regula la participación de los socios está apegado a derechos a lo que establece el Código orgánico de la economía social del reconocimiento y a lo que establece el reglamento a la ley de propiedad intelectual que está vigente para estos efectos. Si hubiera vulneración de derechos yo le digo al abogado de la Defensoría del Pueblo, por qué no demandó la inconstitucionalidad del código orgánico de la economía social de reconocimientos que ampara y es la que ampara el reglamento de materia y cuestión de esta demanda y no demandó la inconstitucionalidad del reglamento a la ley de propiedad intelectual. Más allá de eso, me permito citar otros artículos del COES donde se determina que la participación de los socios está enmarcada en función de sus ingresos económicos y es así que el artículo 245 numeral 2 literal B del COES establece que únicamente podrán ser miembros del consejo directivo o del comité de monitoreo, los socios que hubieren generado durante los 12 meses anteriores a la elección una recaudación equivalente a un mínimo que la sociedad de gestión establece, con la aprobación de la utilidad competente materia de derechos intelectuales, nuevamente dentro del COES está subordinada la participación para yo poder ser elegido como presidente o cualquiera de los miembros del consejo directivo a un factor económico que no significa que es discriminatorio, simplemente creo que la ley está actuando en equidad, que es diferente la igualdad de la equidad, la equidad de darle a quien a cada uno lo que se merece, si esa fuera la inconstitucionalidad yo lo conmino a que demande la inconstitucionalidad de la ley porque es lo que cumple el marco jurídico al del cual se aprobó este reglamento. También me he permitido revisar algunas legislaciones, en las cuales el COES no es la única norma legal que establece una participación diferenciada en función de intereses económicos, existen más normativas a nivel del país en la cual la participación de los socios de la participación de las personas no solamente está generada y atada a un factor económico, sino que está atada a muchos otros factores que no significa que haya discriminación, tanto es así que para la elección de rector, vicerrector o vicerrectora de las universidades y escuelas politécnicas públicas, la votación de los estudiantes equivaldrá a un porcentaje del 10 al 50% del total del personal académico y la votación de los servidores y trabajadores equivaldrá un porcentaje del 1 al 5% del total del personal académico, esta ley sería discriminatoria. La ley orgánica de la economía popular y solidaria en el artículo 122 establece que las decisiones que tomen los organismos de integración representativa o económica con carácter local, provincial, regional o nacional se tomarán mediante voto ponderado. Otra ley que también sería discriminatoria. Para el tema de las compañías, las compañías de responsabilidad limitada, para efectos de la votación cada participación dará al socio el derecho de un voto, en las compañías anónimas o en las juntas generales para la constitución de la compañía cada suscritor tendrá derecho a tantos votos como acciones hayan de corresponderle con arreglo de la aportación”; y, d).- La señorita abogada Sara Maria Maridueña Orellana, en representación de la Procuraduría General del Estado, manifestó: “Porqué intervenir hoy la Procuraduría General del Estado?, la intervención de la Procuraduría será para salvaguardar intereses del Estado ecuatoriano, salvaguardar los procesos que se inician en contra de instituciones públicas, en contra de instituciones que forman parte de la administración pública. Por qué me permito mencionar esto señor juez, porque dentro de la intervención tanto el libelo de la demanda, todo es que me permito realizar el énfasis de que el libelo de la demanda mucho más amplio que lo que la intervención, la parte accionante que lo ha realizado, por qué, porque en el libelo de la demanda primero explica de otra manera como lo ha explicado en el día de hoy en la intervención y en el libelo de la demanda de más dentro de las pretensiones han solicitado más pretensiones. Para hacer más explícita dentro de la intervención y en mérito de tiempo también, pues me permito indicar que dentro de la intervención por parte de la entidad accionante se ha mencionado se han transgredido dos derechos con la finalidad de convencer a su autoridad que se ha cumplido con el requisito 1 del artículo 40 de la ley orgánica de garantías constitucionales y cuál es esto, la violación de derechos constitucionales, por qué me permito mencionar esto, porque dentro de su intervención ha hecho mucho énfasis en el tema de la violación o el derecho a la igualdad formal y no discriminación, pero qué ha mencionado dentro de este derecho para tratar de convencer a su autoridad realiza mucho énfasis en el tema porque ya la Corte Constitucional se ha pronunciado en respecto a la procedencia de acciones constitucionales indicando que proceden efectivamente cuando existe un inminente, una grave vulneración de derechos que se encuentran en la Carta Magna, en este caso qué ha indicado, ha indicado que se ha acatado de manera discriminatoria, pero tenemos que ir al génesis de la igualdad y no discriminación. Qué constituye la no discriminación, discriminar a una persona, separar a una persona, en este caso ignorar a una persona en razón de la etnia, en razón del sexo, en razón de inclusive ahora último se ha tratado de enfermedades inmunodeficientes, en este caso qué ha pasado, en este caso trata de mencionar a usted que en razón de su aportación se ha tratado de discriminar, pero de ninguna manera ha sido de esta manera, por qué, porque necesito que dentro de la presente diligencia tome en consideración lo establecido por el artículo 44 de la decisión 351 de la CAN, así como los artículos 238 y 241 del Código Orgánico de la Economía Social de Conocimientos e Innovación, qué mencionan en estos artículos, que la afiliación es voluntaria, qué significa que la afiliación es voluntaria, que definitivamente para no ser repetitiva, tal como lo indicó el Colega del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, ellos eran la alternativa de desafiliarse si no están de acuerdo con este tema. Una vez que me he permitido mencionar cual es la normativa que regula la sociedad de gestión colectiva, recordemos que en materia de propiedad intelectual es crucial, pues tenemos normas supranacionales, tenemos la del 361 del Código que he indicado, dese aquí se puede verificar que no se ha violentado de ninguna manera la seguridad jurídica. Primero no existe violación de derechos constitucionales, por qué, porque además regresado al tema de la igualdad y no discriminación dentro de la intervención por parte de la accionante, ha traído el tema de las categorías sospechosas, pero allí una vez más me permito indicar, que esto corresponde a grupos vulnerables, recodemos que no es lo mismos que separar de su puesto de trabajo o no permitir la afiliación a alguien porque tiene una enfermedad inmunodeficiente, que tratar un tema netamente privado y aquí me permito indicar también que no se ha convencido a su autoridad de que la SENADI de alguna manera ha violentado un derecho constitucional, además no se ha probado a su autoridad que existe acción u omisión, porque, porque cual es la intervención dentro de las sociedades de gestión colectiva, es además el deber del servicio de derechos intelectuales, pues tutelar los derechos pero en el caso de que sea den oficio cuando ellos de oficio verifiquen que existe alguna violación a algún problema con la sociedad y en este caso a petición de parte cuando se haya solicitado algún caso de tutela administrativa. Pero este caso de ninguna manera, este caso lo que han tratado de convencer a su autoridad, es que la SENADI ha tenido algo que ver con lo que se ha tratado dentro dela decisión de cómo se van a llevar a cabo los votos. Por este sentido me permito a usted mencionarle que no existe de ninguna manera alguna intervención que haya violentado derecho a ninguna persona por parte del SENADI. Además que como lo han mencionado los otros colegas, esto se torna de actos que tienen que ver con el derecho privado, y muy bien lo ha dicho la colega del SAYCE, realizando un ejemplo, qué pasa si en una sociedad capitalista dentro del derecho societario, yo digo que discrimino a un accionista en razón de su aportación, diría yo que es el mismo símil. Yo diría que las personas cuando se van a afiliar, porque las afiliaciones son voluntarias, porque nadie los obliga, porque además no es necesario de estar dentro de una sociedad para en este caso hacer respetar su derecho de autor, en este caso su afiliación en voluntaria, y al ser voluntaria aceptan lo que se encuentra dentro de sus estatutos. Por lo tanto de ninguna manera existe violación de derechos constitucionales. Segundo, acción u omisión de autoridad competente y tercero aquí sería la inexistencia de un mecanismo, no se ha verificado la existencia de un mecanismo. Definitivamente no existe una vulneración de derecho constitucional lo cual se encuentra en el artículo 42 numeral 1 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además me permito indicar que el Servicios de nacional de derechos intelectuales ni siquiera sería legitimado pasivo por qué, porque tampoco le han demostrado a usted que ellos han realizado un tipo de acto ni tampoco se ha impugnado un acto administrativo, y este tema lo voy a dejar de lado, porque no lo hemos traído a colación, sin embargo, inclusive para impugnar actos administrativos, que ha sido reiterativo el pronunciamiento de que se puede solicitar estos derechos por la vía ordinaria, esto es la jurisdicción contenciosa administrativa si sería una impugnación de acto administrativa y además la tutela administrativa por si así lo consideran conveniente”.- DOS.- En la réplica los Sujetos Procesales exponen en su orden: a).- El abogado Geovanny López Ramos expuso: “Mi argumentación va a colegirse de este proceso que es el 136-IP-2013 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, se lo ha tratado a usted sí, no nosotros como Defensoría del Pueblo, a usted sí ellos lo han tratado de convencer o han tratado de engañarlo que esto es un tema de cuestión mercantil y esto no es un tema de cuestión mercantil porque el mismo estatuto señala que es una entidad sin fin de lucro, no es que los accionista del banco de pichincha van a votar más porque tienen más acciones. Allí si es correcto, pero no en una sociedad sin fin de lucros como SAYCE, y aquello lo ha decidido el Tribunal Andino de la Comunidad Andina dentro de este proceso, y qué es lo que ha dicho, cuando la norma prevé que se debe reconocer a los miembros de la sociedad de gestión colectiva, un derecho de participación apropiado, el legislador comunitario no estaba pensando únicamente en los autores que reciben grandes sumas de dinero, para la gestión de sus derechos, estaba pensando en interés público que está detrás de esta figura de gestión colectiva, la protección de derechos de autores y conexos en donde evidentemente se encuentra la labor de las mencionadas sociedades no puede ser únicamente dirigida a la protección de los autores de los espectáculos rentables, esta no es ni puede ser la finalidad de dicha protección. Qué más ha señalado con respecto al voto ponderado? Este tribunal de la justicia andina que como bien lo ha señalado la representante de la procuraduría, sobre el derecho comunitario que conforma el derecho interno. Muy bien, el tribunal advierte que una cosa es la distribución equitativa de los recaudos, y otra es la participación en las decisiones de la entidad. La Normativa comunitaria conforme con lo expuesto, no puede hacer depender la participación a nivel de la distribución. Debe quedar claro que las sociedades de gestión colectiva, no tienen carácter eminentemente mercantil. […] Respecto de la que vía no es la idónea, la vía es la ordinaria y demás, respecto de que no se ha demostrado la vulneración, respecto de que no se ha justificado que no es la vía idónea, señor Juez, no una, no dos, no tres, no cuatro, cinco, seis, siete, ocho sentencia de Corte Constitucional, cada una señalada párrafos, número de sentencias donde la Corte en esencia qué es lo que le ha dicho a los Juzgadores, si usted identifica que hay violación de derechos constitucionales, independientemente de que no se han accionado otras vías, independientemente de que existan otras vías, la vía que procede es la vía de garantías jurisdiccionales y la declaración de vulneración de derechos, principalmente me quiero referir a la sentencia 001-16-PJO-CC que señala claramente que cuidado señores jueces recurren a la no muchas veces motivada decisión respecto de que a pesar de que existe claramente como en el presente caso, vulneración de derechos constitucionales recurre a las pocas veces inmotivada decisión de señalar de que aquello corresponde a la justicia ordinaria y aquello porqué lo menciono, porque obviamente se han preocupado de mencionar de que tiene que ser los actos administrativos por vía ordinaria, y aquello también me permite hacer referencia a una sentencia que no está señalada allí pero que la recordé inmediatamente cuando lo mencionaron, es la sentencia 010-14 SEP-CC dentro del caso 1250-11-EP, y dice: La impugnación de los actos administrativos será por medio de la vía administrativa o judicial, quedando a su criterio excluida la vía constitucional, dicha interpretación a juicio de la Corte Constitucional dice que es nociva y contradictoria con la norma fundamental, pues desconoce la naturaleza jurisdiccional de la justicia constitucional, y restringe ilegítimamente las posibilidades de impugnación de los actos administrativos. Igualmente respecto del artículo 42 numeral 4 que fue la defensa del Estado, de la Procuraduría, que la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de la exclusión, que simultáneamente son impugnables en vía ordinarias adecuadas y eficaces, no puede ser interpretada como una limitante para la presentación de acciones de protección, queda con aquello fundamentado claramente la procedencia de la acción de protección en esta audiencia. Para fundamentar aquello de que nuestra pretensión es por demás legítima, tengo reglamentos de dos sociedades de gestión colectivas, SOPROFON y SARIME , ninguno de ellos establece voto de participación con sistema vulnerado, ninguna de ellas discrimina, están laborando de manera correcto conforme a la Constitución, únicamente SAYCE lo está haciendo, con eso se dilucida que es un trato arbitrario, un trato discriminatorio, pues aquello se ha dilucidado en esta audiencia porque evidentemente qué es lo que le han dicho, si no les gusta, váyanse, si no les gusta, desafíliense. La norma del Tribunal Andino lo que dice es cuidado lo que debemos justamente es proteger a las personas, no puedes proteger solamente a personas que son rentables, eso dice la justicia andina. Se ha señalado el tema de la sentencia del juez de Quito, y se han confundido, porque le dicen a usted señor Juez que son los mismos derechos, y lo que en esa sentencia lo que se analizó es el derecho al voto, es por lo que los artículos que leyó la doctora, no hacían alusión al artículo 66 numeral 4 de la Constitución. Criterio de la Nueva Corte Constitucional, vinculatoriedad del precedente jurisprudencial del caso N° 1035-12-EP, qué es lo que ha dicho la Corte? Una cosa es el precedente heterovinculante, lo que a usted lo obliga, lo que allí si es Stare Decisis, cuidado con confundimos, Stare Decisis, es cuando las altas cortes, en este caso la Corte Constitucional ha emitido algún pronunciamiento, lo que existe es una sentencia de un Juez de la justicia ordinaria, que lo que ha establecido es su criterio en particular que es el derecho al voto, no de la igual material y no discriminación, derecho al voto, y de aquello cuando la leí entendí por qué el Juez resolvió de esa manera, y es porque naturalmente porque la protección constitucional que se da al voto, es respecto al voto que se da en elecciones generales, es el voto a las autoridades públicas, acá es evidentemente no estamos en ese escenario, por eso no hemos alegado que hay vulneración al derecho al voto, no es aquello, sino que se nos está discriminando, y porqué, porque esa sentencia de ese juez, es una sentencia que es auto vinculante, es decir que el mismo juez, ante un caso igual tiene que fallar de la misma manera, o con una alta carga argumentativa decir por qué yo me aparto de lo que antes decidí, pero usted no tiene nada que ver con esa sentencia. Se ha indicado sobre el tema de las categorías sospechosas y se ha dicho es únicamente de la raza, la etnia, señor Juez, las categorías sospechosas son todas aquellas establecidas en el 11.2 de la Constitución y si yo me refiero a la norma constitucional, evidentemente vamos a encontrar ahí, que se establece el tema también de condición socio económica, y la Corte Constitucional, dice que las categorías sospechosas para esta Corte, son aquellas categorías utilizadas para realizar tratos diferentes respecto de ciertos grupos o personas vulnerables que no resultan razonables y proporcionales, cuyo uso ha estado históricamente asociado a prácticas que tienden a colocar en situaciones de desventaja o desprotección a grupos de personas generalmente marginados y que sin ser taxativos, inclusive la Corte dice, cuidado, no solamente los que están allí, pero la Corte dice, que sin ser taxativos, se encuentran contenidos en el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República (sentencia 080-13-SEP-CC dentro del caso 0445-11-EP), claramente aludimos a una categoría sospechosa y claramente hasta ahora no han probado porqué es razonable y proporcional el trato discriminatorio que están teniendo, por el contario lo están ratificando, les han dicho, si no les gusta salgan, desafíliense. En cuanto al cierre del expediente, de que nosotros hemos actuado con abuso del derecho, me permito indicarle, nosotros claramente y como lo dijo la doctora, el 12 de marzo del 2020, procedimos a notificar la providencia de archivo y aquí me parece que está el correo de edgonzalez@senadi.gob.ec, que es el abogado de SENADI y aquí claramente señalamos que íbamos a presentar una garantía jurisdiccional, porqué, porque la investigación defensorial de la Defensoría del Pueblo, es justamente es para cumplir las competencias y no es abuso del derecho ejercer las competencias de las entidades, yo como defensoría del pueblo estoy cumpliendo mi papel aquí, estoy tutelando derechos constitucionales de personas que están en una condición de desventaja, respecto a un poder económico que es SAYCE, y en este caso lo que es paradójico y lo que indigna también que sea el Estado que lo siga tratando de manera desigual”; b).- El señor abogado David González Aroca, manifiesta: “En realidad me voy a referir a los argumentos que han sido expuestos en esta réplica, porque es el momento procesal oportuno, y al que hacerlo así: Quiero referirme principalmente a unas imprecisiones de la parte Actora, y en realidad me sorprende que siendo una institución pública, se atreva a practicar prueba, yo entiendo la informalidad de lo hablado, de la informalidad de la acción de protección, se habla de una ligera favorabilidad para los medios de prueba, pero no entiendo que se presten da actuar como prueba copias simples, no certificadas, y se pretende exponer como argumento algo que lo lee y lo presenta, si siquiera está certificado por el órgano competente, porque si queremos verificar lo que dice la parte actora, […]. Bajo ningún punto de vista señor juez, podemos permitir que se practique prueba ilegal y que con ello se presenta corroborar sus aseveraciones en la presenta causa. Eso como una intervención que quería hacerlo, porque no entiendo cómo una institución del Estado hace ese tipo de actuaciones, afecto no sé, de salvaguardar la acción que están pretendiendo, le pretende mostrar cuestiones y claramente en realidad tómele encuentra señor Juez a pesar de que no está practicada en legal y debida forma, claramente la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que es el intérprete máximo de la norma comunitaria establece verbos que habla de este podrá, de que habla de que la potestad de que tiene la sociedad de gestión colectiva, establecer este tipo de mecanismos. Como segundo punto se ha habla y presentado pruebas de que hay otros reglamentos de SOPROFON y de otras sociedad de gestión colectiva que no recuerdo en este momento, confundiendo allí los derechos de autor, por lo que insisto en este tema, el desconocimiento de la ley de propiedad intelectual en su momento, del reglamento de ingenios, y de la Comunidad Andina, hace que se presenten este tipo de pruebas que incluso ni siquiera sabe que esas sociedad de gestión colectiva, son para otros derechos de autor, entonces eso es otro caso, es otro tema, y como lo indiqué al principio, es un tema privado. Tercer punto, efectivamente la jurisprudencia, el código ingenios, la decisión andina que las sociedades de gestión colectivas son sin fines de lucro, eso nadie lo niega, pero es una sociedad que existe y su práctica en el tiempo, existen para tutelar los derechos de los autores, pero como ya lo indiqué no es necesario que se afilien a una sociedad de gestión colectiva para poder salvaguardar sus derechos, afortunadamente, llevo en la institución unos siete años, afortunadamente tuve la oportunidad de estar en la dirección de derechos de autor y afortunadamente tuve la oportunidad de conocer de autores que sin necesidad de estar afiliados, presentaron tutelas, presentaron varias acciones para efectos de tutelar sus derechos, entonces yo no entiendo y entiendo la indignación y entiendo los murmullos de todos ellos porque en realidad ellos dicen, cómo es posible que el Estado esté socapando este tipo de actuaciones no, yo no estoy equiparando a una sociedad de derecho mercantil, hay un equívoco en la parte actora, solamente estoy equiparando a la situación de cada socio en función de lo que genera, nada más. Como yo lo indiqué en mi intervención anterior, no podemos equiparar y no podemos decir que Julio Jaramillo, que todos lo conocemos, tenga el mismo valor y no tenga un voto ponderado, que con el respeto que tienen los autores, que están ellos surgiendo, produciendo, pero naturalmente hasta por lógica, no me puedo equiparar, no puedo pretender tener la misma participación de Julio Jaramillo, de Juan Fernando Velasco, que cuántos años de esfuerzos, de tiempo, les costó estar en esa posición. Creo que es sumamente claro y se ha confundido y se ha pretendido exponer a su autoridad, yo creo que fui muy claro, yo señor Juez no estoy diciendo que la decisión que se tomó en la otra causa es jurisprudencia vinculante, dije que aquello hay que tomarlo en cuenta para tomar la decisión que se tomó en caso análogo, y me sorprende que el derecho reivindicado en esa causa era al voto y ahora es a la igualdad formal, entonces yo le pregunto a la parte actora, cómo se materializa su supuesto derecho a la igualdad formal y material, con el voto, la razón no pide fuerza, la realidad es sumamente claro la situación en la que nos encontramos, y yo no estoy diciendo que debemos acatar todas las decisiones que se han tomado en casos análogos, pero es un punto tomado encuentra. Señor juez usted, con el criterio correcto, va a analizar los hechos del caso y va a darse cuenta que no se ha probado la violación de un derecho constitucional, hay muchas aseveraciones, muchas interpretaciones, prueba mal actuada, argumentos inválidos, pero yo hasta ahora no noto un solo argumento que corrobore la supuesta violación de derechos constitucionales. Se ha pretendido solamente molestar a lo que hemos dicho, pero señor Juez, estamos en una acción constitucional, y el artículo 42 es sumamente claro, que si no se comprueba, y allí me sorprende el otro punto que decía que nosotros debemos demostrar que no hay violación de derechos constitucionales, cuando la carga de la prueba es del actor, y la jurisprudencia es clara, ellos quieren demostrar que hay una violación de derechos constitucionales, ellos son quienes deben de acreditar que la vía idónea era esta, ellos son quienes deben verificar y deben demostrar que simplemente pudieron haber actuado con una acción subjetiva de plena jurisdicción si no estamos de acuerdo con la aprobación, o por una acción subjetiva para efectos de lanzar y determinar la ilegalidad del acto administrativo, o la inconstitucionalidad, SAYCE fue claro en que hizo mención al artículo 35 y cómo podemos hablar de que hay violación de derechos constitucionales cuando la misma norma nos ampara. Ya la misma participación en función de sus ingresos, señor Juez yo no puedo actuar, estamos hablando de derecho público, y en derecho público solamente podemos y debemos hacer lo que la ley nos permite, nada más. Finalmente quiero hacer mención a que efectivamente la justicia constitucional se puede accionar, se pude iniciar cuando es la vía idónea, cuando se verifica que no tengo otra vía para tutelar mis derechos, y la parte actora ha hablado de varias cuestiones que supuestamente dicen que es argumento principal para presentar la presenta acción pero la jurisprudencia también es clara, no vulgaricemos la justicia constitucional, no hay que utilizar la justicia para este toipo de cuestiones, si la Defensoría del Pueblo, tan oficiosa, quiso demostrar o tutelar los derechos de autores, simplemente pueden desafiliarse si no están de acuerdo con las disposiciones, tranquilamente accionen la vía que es, y hagan una acción de inconstitucionalidad, o una acción subjetiva de plena jurisdicción. A mí lo que me preocupa es que este desconocimiento desencadene en otra cuestión, gracias a la parte Actora por haber traído una interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina”; c).- La señorita abogada Ruth Ponce Moreno, en su oportunidad de réplica dijo que: Quiero partir con una aseveración que es correcta por parte de la Defensoría del Pueblo en el sentido de que las sociedades de gestión colectiva son entes privados sin fines de lucros. Eso es totalmente correcto, pero lo que no correcto es que los socios y los autores que representan la sociedad de gestión colectiva si buscan un fin de lucro cuando gestionan a través de la sociedad de gestión, la administración de su obras y esto es corroborado con el artículo 22 de la Constitución, que establece que las personas tienen el derecho a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno de las actividades culturales y artísticas y a beneficiarse de los derechos morales, patrimoniales que les corresponda sobre producciones científicas y literarias. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor busca un fin de lucro cuando pone a disposición sus obras y le pide a la administración de la sociedad. La sociedad como lo indiqué es un simple intermediario, entonces no es cierto que debe de haber una igualdad de los socios en la asamblea. Segundo también se dice que se quiere confundir a su autoridad, que la sentencia que si bien es cierto recalco, y también ratifico lo manifestado por el abogado del SENADI, no constituye jurisprudencia quedamos claro, pero es un documento que debería ser tomado en cuenta por la Defensoría del Pueblo, para evitar la pérdida del tiempo, dinero, esfuerzo, de todas las entidades que están ante su autoridad, y del mismo tiempo suyo que podría usarlo para realizar otras actividades. Él ya debió tomar en cuenta eso y no lo tomó en cuenta y no significa que esa sentencia se refiere al voto, se refería específicamente es al reglamento, y como no tuve tiempo en mi anterior intervención, me permito adjuntar copia notariada de la sentencia de la primera y segunda instancia del archivo, así como del expediente procesal que el señor Defensor dice no pudo traer, pero aquí están todas las copias notariada del Estatuto de SAYCE, también están las copias notariadas del Reglamento en cuestión, para que su autoridad pueda revisarlo y vea todas las irregularidades y todas las cosas que se dieron en la Defensoría del Pueblo, porque esta acción de protección nunca debió llegarse a estas instancias, porque esto se debió resuelto en la instancia de la Defensoría del Pueblo, porque no tenía haberse dado paso. No existe vulneración de derechos y vuelvo y me ratifico en lo dicho en mi primera intervención, si existiera vulneración derechos, lo que debería hacer es declarar la constitucionalidad de la normativa que ampara el reglamento mediante cual, nosotros y la sociedad de autores estableció el voto ponderado. En cuanto al reglamento de SOPROFON y demás reglamentos, existe en materia de derechos intelectuales varios derechos que se gestionan, la sociedad de autores gestionan los derechos actorales, SOPROFON lo que administra son los derechos de las emisoras, SARIME, los derechos los artistas intérpretes ejecutantes, si bien es cierto son sociedades de gestión, cada sociedad de gestión es libre de regular internamente su institución y de acuerdo a las normativas y directrices que puedan tener cada sociedad a lo interno. El que ellos no hayan establecido un voto ponderado y SAYCE su, no significa que estamos cometiendo ilegalidad. Ya lo establecimos que en materia de propiedad intelectual permite la aplicación del voto ponderado, entonces no hay vulneración de derechos y si esto debía demandarse, debía ser ante la vía contenciosa administrativa, aquí lo que se está reclamando es un acto administrativo llevado a su Autoridad, o que la norma Andina, la norma Constitucional, así lo prevén.”; y, d).- La señorita abogada Sara Maria Maridueña Orellana, replicó lo siguiente: “Necesito realizar énfasis en que no se ha demostrado finalmente cual es la violación por parte de la SENADI. Se manifiesta sí, el tema de violación de derechos constitucionales, lo dirige la parte accionante hacia la sociedad de gestión colectiva, siendo esta sociedad como me permito indicar, con su venia, citar la sentencia 11 133 07 de la corte Constitucional de Colombia, lo cual es jurisprudencia comparada que en este caso manifiesta lo siguiente: Los titulares de derechos de autor y derechos conexos que no deseen integrarse a una sociedad de gestión colectiva pueden en ejercicio de autonomía privada, gestionar individualmente sus derechos, entonces en este caso, cuál es la conclusión a la que quiero llegar, no existe una discriminación como tal, porque no se le ha cerrado la posibilidad de ingresar a la sociedad, dentro de la réplica que ha mencionado la defensoría, ha traído a esta audiencia otras sociedades de gestión colectiva, de las cuales sí está de acuerdo con sus estatutos, o los reglamentos que le rigen el funcionamiento de la mismo, entonces pregunto, qué es necesario de que usted dentro de sentencia, pues usted en este momento se encuentra investido de justicia constitucional, que usted en sentencia de que a todos se los trate por igual, cuando en realidad lo que en realidad lo que aquí podrían realizar las personas es desafiliarse y afiliarse a las sociedades de gestión colectiva que si se encuentran de acuerdo con sus estatutos. Quiere decir que aquí no llegamos a ninguna conclusión, quiere decir que el SENADI que propiamente me toca por cuestiones de los intereses del Estado. La SENADI no ha realizado ninguna acción u omisión, eso no tenemos que discutir en la presente diligencia.”.- TRES.- La parte accionante culmina su intervención con las siguientes expresiones: “Se ha mencionado en esta audiencia que jurisprudencia de la Corte que aparentemente dice todo lo contrario, que yo tengo que probar y demás pero no me han mencionado cuál es la sentencia es aquella, yo sí le he mencionado las sentencias y se las he entregado que demuestran todo lo contrario, por lo que ese argumento se cae por su propio peso. Y más aun cuando la norma adjetiva, artículo 16 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional se presumirán ciertos los hechos de la demanda cuando la Entidad pública no demuestre lo contrario, en este caso SENADI, y también dice que en caso de que la persona accionada sea un particular, en este caso SAYCE, se presumirán cierto los hechos cuando se trate de discriminación, no es verdad?¡¡¡, hasta ahora han tenido 20, más 10, treinta minutos de los cuales no nos han demostrado porqué es razonables, proporcional y justificable discriminar a mis Representados. He señalado claramente que se ha incurrido o recurrido a una categoría sospechosa y se ha señalado, allí si, con jurisprudencia señalándolo claramente, la corte ha dicho que se traslada la carga probatoria, no nos han probado. Y aun cuando pudiera querer buscar elementos de lo que es injustificable, pero que es su deber como Accionados, tiene que recurrir a lo que la Corte ha dicho es el test de razonabilidad, y que lo ha dicho en la sentencia 019-16-SIN-CC, qué esto del test de razonabilidad, constituye una guía metodológica cuya finalidad nos genera la pregunta, es razonable la justificación ofrecida para el establecimiento de un trato desigual?, las tres etapas que conforman el test de razonabilidad es: uno.- la existencia de un objetivo perseguido a través del establecimiento de un trato desigual. Para qué?. Claramente ellos han mencionado y ratificado que los ingresos para los titulares de autores están garantizados por la ley, por el COESCI, por el estatuto mismo, por el reglamento de distribución de SAYCE, la plata para el que la genera, está garantizada, entonces para qué, no es que cuidado y aquellos que no generan ingresos nos van a direccionar la sociedad, nos van a mandar, la Doctora lo ha mencionado claramente, el COESCI ya establece un bloqueo, de que si tú no has generado ingresos por el último semestre, por lo tanto no puedes estar en la Dirección. Lo ha mencionado claramente, entonces cuál es la justificación, en qué se los afecta, no nos han explicado. Dos.- La validez de ese objetivo a la luz de la Constitución. Como no nos han explicado un objetivo, no puedo validarlo el objetivo a través de la Constitución, no nos han explicado. Tres.- La razonabilidad del trato desigual; esto es la relación de proporcionalidad entre ese trato y el fin perseguido, […]. Esto es lo que ha dicho la Corte Constitucional y así es como se resuelven los casos de discriminación cuando se aluden categorías sospechosas y eso es lo que le correspondía a los demandados demostrar y no lo hicieron y yo sí señor Juez citando jurisprudencia, entregándosela a su autoridad y señalando claramente el párrafo y la sentencia en la cual se menciona aquello. Aparentemente se ha mencionado una sentencia de la Corte Constitucional de Colombia, con respecto a la libertad de asociación, y aquella sentencia me permito considerarla como prueba a nuestro favor. La sentencia de la Corte señala claramente sobre la libre asociación, por qué, porque aquí habría que hacer un tema de ponderación y claro, la Corte Constitucional de Colombia lo que dice es que tú no puedes estar obligado a estar asociado a una determinada entidad. Entonces tú puedes desafiliarte, si es esa tu voluntad, pero la voluntad de ellos no es desafiliarse, la voluntad de ellos es mantenerse en la sociedad que ellos han estado desde mucho antes que las personas que dirigen ahorita. La voluntad de ellos es ser tratado con voluntad, la voluntad de ellos es mantenerse allí, no puede forzárselos, y decirles que la soluciones que se desafilien o que erróneamente busquen una sociedad de gestión colectiva que es la que ellos les corresponde, ellos son autores de propiedad intelectual, eso son como SOPROFON y SARIME que corresponden a otros derechos de autor, entonces nosotros lo que necesitamos es ratificarnos en las pretensiones, los actos demandados son claramente en el caso de SAYCE el reglamento expedido por el Consejo Directivo y en el caso del SENADI claramente hemos dicho es el registro, sin objeción alguna del reglamento que lo que se hace es validar que se puede discriminar en las sociedades de gestión colectiva, por lo que aquello la misma norma comunitaria ha dicho que no es correcto, el Tribunal de Justicia lo ha dicho de manera expresa.”.- Por tanto, estamos en una disyuntiva de que a los Accionados se los acusa por acción u omisión de la violación a los derechos a la igualdad formal, material y no discriminación; y, al derecho a la Seguridad Jurídica, en el hecho de haberse aprobado e inscrito el Reglamento que regula la participación de los Socios en la Asamblea de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAYCE en el libro de protocolos de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos bajo el número USGC-IEPI hoy SENADI, específicamente en el artículo 7 que en su parte pertinente dice: “Cada Socio miembro dela Asamblea General tendrá derecho a voto en función de los ingresos generados por la utilización de sus obras musicales bajo la administración de la Sociedad… continúa tabla que va de hasta un salario básico unificado hasta más de 24 salarios básicos unificados. Inicial con un voto y termina con 25 votos. Paso a dar una revisión de lo que son los derechos que se dicen vulnerados, para luego confrontar y ver si se adecúa con el hecho concreto.- SEXTO.- El derecho a la igualdad formal, material y no discriminación.- Este derecho se establece en los artículos 3.1; 11.2; 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador: Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1.- Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los Instrumentos Internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes.”; Art. 11. El Ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: […] 2.- Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, ideología, filiación política, pasado judicial, condición socio económica, condición migratoria, orientación sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra distinción personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La Ley sancionará toda forma de discriminación. El estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la igualdad real a favor de los titulares de derechos que se encuentren en situación de desigualdad.-Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: […] N° 4.- Derecho a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación.” La corte Constitucional en la sentencia 031-10-SCN-CC, casos acumulados 0044-10-CN; 0045-10-CN-0046-10-CN- y 0047-10-CN publicada en el Suplemento del Registro Oficial 372 del jueves 27 de enero de 2011, págs.33-34 dijo: “¿Qué es el derecho a la igualdad?.- Nuestra Constitución nos indica en el numeral 2 del artículo 11 que “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades […]”; derecho cuyo objetivo es buscar tratos del mismo modo a los sujetos procesales en la causas de idénticas o similares características en anteriores, presentes y futuras situaciones, lo que además, implica que la ley procesal tiene como misión respetar el principio de universalidad. Indudablemente, este principio, conforme ha sido reiterado tanto por la doctrina y por la jurisprudencia, que representa uno de los pilares de toda sociedad organizada y de todo Estado Constitucional, se proyecta tal como lo señala el doctor Bernal Pulido en su obra “El Derecho de los Derechos” en dos niveles distintos, la igualdad ante la ley y la igualdad en la ley. El primero se refiere a la eficacia vinculante de los mandatos de la igualdad en la aplicación administrativa y jurisdiccional de las relaciones entre particulares. El Segundo nivel, en cambio, alude al carácter que define a la igualdad como derecho fundamental, es decir, a su eficacia vinculante frente al legislador” siendo ello reflejado en el desarrollo de todo proceso judicial con la igualdad de oportunidades tanto del demandado, logrando mantener equilibrio procesal en igualdad de derechos y facultades. Este Mandato fundamental a la igualdad no solo exige que se requiera tratar igual a quienes se encuentren en situaciones similares, sino también en forma desigual a los sujetos que se hallen en situaciones diferentes, dejando en claro que la norma recurrida se trata de situaciones iguales y efectos generales. La Inseguridad al derecho a la igualdad “daría lugar a la vulneración del principio de igualdad de los ciudadanos, en un aspecto trascendental, el de homogénea aplicación de la ley; de esta manera nuestro ordenamiento supremo adopta proteger preventivamente a toda persona que acude ante las autoridades judiciales a reclamar un derecho en igualdad de condiciones, y con el fin de garantizar que la decisión adoptada sea debidamente elaborada, dicha condición se encuentra consagrada en el numeral 4 del artículo 66 de la Constitución de la República”. En la sentencia 002-14-SIN-CC, caso 0056-12-IN y0003-12-IA acumulados de fecha 14 de agosto de 2014, se expuso una distinción entre la igualdad formal y material. […]. Igualmente es preciso anotar que existe una distinción entre la denominada igualdad formal o igualdad ante la ley, y la igualdad material o igualdad real. En términos jurídicos ambos tipos de igualdad poseen un mismo núcleo común que cosiste en la comparabilidad de ciertas características para establecer su aplicación; no obstante, divergen en sus efectos, enfocándose el primer tipo en la restricción de la discriminación y el segundo el respeto a la diferencia. Así, la igualdad formal tiene relación con la garantía de identidad de trato con todos los destinatarios de una norma jurídica, evitando la existencia injustificada de privilegios; mientras que la igualdad material no tiene que ver en cuestiones formales, sino con la real posición social del individuo a quien va a ser aplicada la ley, con el objeto de evitar injusticias. Esta clasificación se encuentra contenida en el artículo 66 numeral 4 de la Constitución, que consagra el derecho de las personas: “[…] a la igualdad formal, igualdad material y no discriminación” (Sic.). Más adelante en la misma sentencia aludida la Corte señala: “[…] Esta Corte Constitucional ha sido enfática en señalar que el concepto de igualdad no significa una igualdad de trato uniforme, sino más bien un trato igual en situaciones idénticas y un trato diferente en situaciones diversas, añadiendo que dentro del ordenamiento jurídico existen disposiciones legales cuya aplicación se ha establecido previamente para hechos fácticos y actores sociales concretos. En este punto, es importante señalar que una distinción no justificada razonablemente deviene en discriminación; así en el caso subjudice que se observa mayor diferencia en el propósito que deriva de la interposición de recursos de impugnación en el procedimiento administrativo para la determinación de refugiada o refugiado de aquellos recursos contenidos en el ERJAFE (Estatuto de Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva) en contra de actos administrativos, en razón que los dos tienden a garantizar la protección de las personas frente a posible afectación de sus derechos subjetivos.”. La Corte en la sentencia 344-16-SEP-CC, caso 1180-10-EP del 26 de octubre de 2016 mencionó: “De acuerdo con la norma fundamental […] la igualdad formal implica un trato idéntico a sujetos -individuales o colectivos- que se hallan en la misma situación- “La dimensión formal, se expresa por la misma constitución en el artículo ll numeral 2 primer inciso, cuando se la define como un principio de aplicación, en el siguiente enunciado: “todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”. De acuerdo con la Norma Fundamental, entonces, la igualdad formal implica un trato idéntico a sujetos –individuales y colectivos- que se hallan en la misma condición – Sentencia 362-16-SEP-CC- caso 0813-13-EP. Del 15 de noviembre de 2016. En el caso concreto, ¿El reglamento que regula la Participación de los Socios en la Asamblea de la Sociedad de Autores y Compositores Ecuatorianos SAYCE, que otorga derecho a votar según los ingresos que se obtuvieren por las obras administradas por SAYCE, afecta el principio de igualdad y el derecho de igualdad en los términos que se ha reproducido en este fallo?. Pasemos a comparar el hecho con el derecho. Recordemos lo que expresa el artículo 11 numeral 2 de la Constitución de la República: “Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades”, al momento de diferenciar a los socios de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos SAYCE, POR SU SITUACIÓN ECONÓMICA, CUANDO EN EL ARTÍCULO 7 CONCEDEN VOTOS SEGÚN LOS INGRESOS, estamos frente a una discriminación por la condición socio económica, que está entre las categorías que expresa el segundo inciso de la norma aludida. Si la naturaleza jurídica de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos, según el Estatuto vigente, es una persona jurídica sin fines de lucro, regida por la Decisión Andina 351, cuya normativa debería mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, por imperio de la Supremacía Constitucional determina en el artículo 424 de la Constitución, y esta MANDA que, en caso contrario, carecerán de eficacia jurídica, para el criterio de este juzgador, es discriminatorio este modo de conceder derecho de participación en el voto de las decisiones de la Asamblea, según la capacidad económica. Pues, la calidad de socio no debe ser cuantificada en función de los ingresos generados por la utilización de sus obras musicales bajo la administración de la Sociedad, puesto que, no se rigen por acciones de compañías comerciales, sino, como lo dicen sus estatutos de una persona jurídica sin fines de lucro. Con relación a la alegada sentencia constitucional incorporada en copias desmaterializadas del juicio signado con el número 17294291701215 alegado por la parte Accionada, como caso decidido, debo exponer lo siguiente: En la gaceta constitucional N° 001, publicada en el Segundo Suplemento del Registro Oficial 351 del 29 de diciembre de 2010, consta la sentencia 001-10-PJO-CC, caso 0999-09-JP, en la página 5, con el número 27 se dice: “La Constitución vigente finalmente reconoce de manera expresa el principio stare decisis en el artículo 436 numerales 1 y 6. El conocido principio stare decisis se ha entendido como aquél deber de las juezas y jueces de adherirse a lo decidido por ellos mismos en el pasado o por las juezas y jueces Superiores de la misma jurisdicción; o dicho en otras palabras, en virtud de este principio, el juez debe decidir de acuerdo a lo resuelto en el pasado y no contradecir lo decidido sin una razón poderosa debidamente fundamentada.”. Lo que en buen castellano está expuesto, esa sentencia no la he dictado yo, ni es de mi jurisdicción territorial ni de una Corte Superior del Guayas, ni está dictada por la Corte Constitucional, además, en el supuesto que así lo fuera, que yo la hubiere dictado, la misma interpretación dada en la sentencia vinculante citada, permite cambiar criterio con razones poderosas. En relación a la pedida sanción por abuso del derecho, tampoco da lugar, pues los accionantes de esta acción no son los mismos de la signada con el número 17294291701215, que tienen el respaldo de una resolución y patrocinio de la Coordinación General de la Defensoría del Pueblo, con competencias dadas en la Constitución y en la misma LOGJCC. Lo que permite a este juzgador, concluir con lógica elemental, que no es aplicable lo solicitado por la parte Accionada. Dejo de este modo cumplido con el análisis un tanto profundo del derecho a la igualdad y a la no discriminación, concluyendo y para reforzar lo indicado, cito de la opinión Consultiva N° 18-03 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo siguiente: “El término distinción se empleará para lo admisible, en virtud de ser razonable, proporcional y objetivo. La discriminación se utilizará para hacer referencia a lo inadmisible, por violar derechos humanos. Por tanto, se utilizará el término discriminación para hacer referencia a toda exclusión, restricción o privilegio que no sea objetivo y razonable que redunde en detrimento de los derechos humanos.”. Es por tanto una afectación a la calidad de socio, el darles derecho a votar en razón de los ingresos, porque no se trata de una compañía regida por la Ley de la materia, sino una agrupación gremial que no puede dar este tipo de diferenciación a los socios en razón de los ingresos económicos, pues aquello afecta a la condición humana y lo pone en desventaja con relación a los compañeros que tiene mejores ingresos. Queda establecido que se ha cumplido con lo exigido en la sentencia con carácter erga omnes N° 001-16-PJO-CC. Caso 5630-10-JP, con relación al derecho a la igualdad.- SEPTIMO.- Veamos lo que la Corte Constitucional ha dicho con relación al derecho a la seguridad jurídica. En la sentencia 003-10-SEP-CC Publicada en el Registro Oficial N° 117 del 27 de enero de 2010, periodo de transición, la Corte Constitucional se pronunció al respecto: “La seguridad jurídica como derecho constitucional tutelable.- El artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador determina el derecho a la seguridad jurídica, misma que tiene relación con el cumplimiento de los mandatos constitucionales, estableciéndose mediante aquél postulado una verdadera supremacía material del contenido de la Carta Fundamental del Estado ecuatoriano. Para aquello y para tener certeza respecto a una aplicación de normativa acorde a la Constitución se prevé que las normas que formen parte del ordenamiento jurídico se encuentren determinadas previamente; además, deben ser claras y públicas; solo de esta manera se logra conformar una certeza de que la normativa existente en la legislación será aplicada cumpliendo ciertos lineamientos que generan confianza acerca del respeto a los derechos consagrados en el texto constitucional. Todos estos presupuestos deben ser observados por las autoridades competentes, quienes en la presente causa, investidas de potestad jurisdiccional, deben dar fiel cumplimiento a lo que dispone la Constitución dela República, respetando y haciendo respetar los derechos que se consagran alrededor del texto constitucional. Mediante un ejercicio de interpretación integral del texto constitucional se determina que el derecho a la seguridad jurídica es el pilar sobre el cual se asienta la confianza ciudadana en cuanto a las actuaciones de los distintos poderes públicos; en virtud de aquello, los actos emanados de dichas autoridades públicas deben contener una adecuada argumentación respecto al tema puesto a su conocimiento, debiendo además ser claros y precisos, sujetándose a las atribuciones que le compete a cada órgano”. (Sic.).- De lo anotado, se establece, que efectivamente, al no acatarse lo que la Constitución manda en su condición de Norma Suprema, al hacer diferenciación entre socios por razones económicas, se violenta ibídem, el derecho a la seguridad jurídica.- Necesitamos ahora, analizar los requisitos exigidos en el artículo 40 de la LOGJCC para la procedencia de una acción de protección. Hasta ahora, dejo sentado que se encuentra cumplido el numeral 1 de la indicada norma; esto es que los Accionados han menoscabado, vulnerado o causado daño a un derecho de una o varias personas.- ¿Cuál es el daño?, afectarlos al sentirse con inferioridad molestando su dignidad, su personalidad y afección hasta sicológica, por sus escasos ingresos. Impidiéndoles poder acceder a que su opinión tenga igual consideración al ejercer el derecho al voto, con relación a sus compañeros que sí han tenido una mejor oportunidad en la venta de sus producciones. Con relación al segundo requisito esto es la acción u omisión está plenamente demostrada, pues consta la resolución N° 024-03-2017 del Directorio de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos que aprueba el Reglamento, suscrito por Troi Alvarado, Rubén Barba Rodríguez, Andrés Sacoto Arias, Luis Padilla Guevara, Renato Zamora A., Luis Rueda Romero; y por obvias razones, la aprobación de la Asamblea General de fecha 15 de marzo de 2019, en que votaron con el mismo reglamento, los interesados, para ratificar el modo de ejercer la elección, suscrita la resolución 001-01-2019, por Juan Fernando Velasco PRESIDENTE DE SAYCE y Gabriela Reyes C., Secretaria AD HOC de la Asamblea. Es que con el modo de contar los votos, los que no cuentan con la misma capacidad de venta de sus composiciones, será imposible ser escuchados, y por el contrario, los que han logrado exitosamente vender sus obras, ganarán consecutivamente. Consta además, que fue REGISTRADO EL REGLAMENTO IMPUGNADO CON EL NÚMERO 065 DEL 04 DE ABRIL DE 2017; RATIFICADO con providencia dictada el 17 de agosto de 2017 suscrita por el Director Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos (e) Ab. Sebastián Páez Vázconez, lo que deja en evidencia la flagelación al derecho a la igualdad y al derecho a la seguridad jurídica, al aprobarse e inscribirse un reglamento que contiene diferenciación de socios al momento de ejercer el voto en asamblea, por razones económicas. Por elemental sentido común, jamás la Asamblea, constituida por asociados que tienen votos adicionales, por sus ganancias, podrán reformar el reglamento, peor aún, quienes ya lo inscribieron y aprobaron, por esto es que considero que no existe otra vía idónea y eficaz para atender el caso concreto. He allí las circunstancias que exige el artículo 40 de la LOGJCC, están cumplidos.- OCTAVO.- Que el artículo 18 de la LOGJCC es clara en imponer que en caso de declararse la vulneración de derechos se debe ordenar la reparación integral por el daño material e inmaterial. La reparación integral procurará que la persona o personas titulares del derecho violado gocen y disfruten del derecho de manera más adecuada posible y que se restablezca a la situación anterior a la violación. La reparación podrá incluir entre otras forma, la restitución del derecho, la compensación económica o patrimonial, la rehabilitación, la satisfacción, las garantías de que el hecho no se repita, la obligación de remitir a la autoridad competente para investigar y sancionar, las medidas de reconocimiento, las disculpas públicas, la prestación de servicios públicos, la atención de salud. […]. En la sentencia o acuerdo reparatorio deberá constar expresa mención de las obligaciones individualizadas, positivas y negativas, a cargo del destinatario de la decisión judicial y las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que deban cumplirse […]. En la sentencia de la Corte Constitucional N° 146-14-SEP-CC dentro del caso N° 1773-11-EP manifestó: “[…] la reparación integral incluye tanto una reparación material como inmaterial del daño causado, cuyo objetivo es que las personas cuyos derechos han sido vulnerados, gocen y disfruten del derecho que les fue privado, de la manera más adecuada posible, procurándose que se establezca a la situación anterior a la vulneración y se ordenen las compensaciones atinentes al daño sufrido. En los casos en que por las circunstancias fácticas de cada caso, el derecho no puede ser restablecido, el juez constitucional debe establecer la medida que más se aproxime a garantizar el resarcimiento del daño provocado” (Sic).- Para atender esta reparación se dispone dejar sin efecto los actos administrativos: El de fecha 06 de abril de 2017 a las en que se dispuso el registro del contrato del reglamento que es objeto de esta acción de la Sociedad de Autores y Compositores del Ecuador SAYCE en el libro de protocolo de la Dirección Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos, bajo el número USG-IEPI-065, para el cumplimiento se marginará esta decisión en la inscripción indicada. Dejando de este modo el derecho como estuvo antes de la inscripción que efectuó la Experta Principal de Sociedades de Gestión Colectiva Ab. Andrea Bettina Mena Sánchez; ibídem, la providencia dictada el 17 de agosto de 2017 a las 14h30, suscrita por el abogado Sebastián Páez Vázconez, Director Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos del Ex IEPI hoy SENADI; la resolución N° 024-03-2017, dictada por el Consejo Directivo de SAYCE, en que aprueban el reglamento que regula la participación de los socios en la Asamblea. Debiendo tomar nota de este particular en libro de Actas. Y, la Resolución de Asamblea N° 001-01-2019 cuya acta está suscrita por el Presidente Juan Fernando Velasco y certificada por la Secretaria Ad-Hoc de Asamblea. Por las razones expuestas en este fallo.- NOVENO.- Medida de garantía para que las vulneraciones no se repitan.- Esta medida de reparación integral tiene como objetivo, que ante una vulneración de derechos constitucionales, se garantice que hechos así no se vuelvan a repetir por lo que tiene un carácter simbólico, por cuanto exterioriza el compromiso del Estado de cumplir el postulado constitucional de respetar y hacer respetar los derechos previstos en la Constitución de la República e instrumentos Internacionales de Derechos Humanos. La corte Constitucional además ha determinado que: “Esta medida de reparación integral puede plasmarse mediante la implementación de medidas por parte del Estado, a fin de generar cambios en el diseño institucional a favor de la plena garantía de los derechos constitucionales”, -sentencia N° 068-18-SEP-CC caso número 1529-16-EP de fecha 21 de febrero de 2018-. Con esta finalidad y para que este hecho no se repita se dispone que el SENADI observe y respete el derecho y garantías constitucionales, acatando para la inscripción de reglamentos, que no estén contrarios a la Constitución y respetando especialmente los derechos a la igualdad material, formal y no discriminación, así como el de la seguridad jurídica. En el caso concreto, de oficio dicte norma que sustituya el artículo 7 del Reglamento aludido, dando igualdad a todos los socios. Y pueda ser reinscrito con las debidas modificaciones.- DECIMO.- La Corte Constitucional en la sentencia 273-15-SEP-CC dentro del caso 0528-11-EP respecto a las medidas de satisfacción ha manifestado: “Las medidas de reparación denominadas de satisfacción se refieren a la verificación de los hechos, conocimiento público de la verdad y actos desagravio; las sanciones contra perpetradores y la conmemoración y tributo a las víctimas o afectados. Dentro de las categorías de las medidas de satisfacción encontramos aquellas medidas de carácter simbólico y aquéllas que pretenden el conocimiento real de los hechos acaecidos; entre estas medidas encontramos las disculpas públicas”. En el caso que ocupa este fallo, se dispone que: Tanto la SENADI como el DIRECTORIO DE SAYCE convoquen a Asamblea General en la que expresarán las disculpas públicas a los Accionantes, a la vez, que se dispone que publiquen esta sentencia en las páginas web de las sendas Instituciones por el tiempo de un mes. Por estas consideraciones, “ADMINISTRANDO JUSTICIA CONTITUCIONAL Y POR MANDATO DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR”, por cumplidos los requisitos del artículo 40 y adecuarse al numeral 1 del artículo 42 ambos de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, declaro procedente la presente acción de protección deducida por los ciudadanos Eugenio Hadatty Saltos, Pedro Heraldo Meléndez Solís, Walter Escobar Acosta, Natividad Esteban Baque Palma, Neris Dayse Briones Plaza, Julio Elias Figueroa Alcivar, Nelson Nicasio García Torres, Gabriel Augusto León López, Narcisa Colombia Molina Cedeño, Angel Susan Montezuma Contreras y Pedro Abel Pinto Jiménez, por sus propios derechos y como socios de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos «SAYCE”, contra los Accionados Santiago Cevallos Mena, Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); Gabriel Francisco Garcés Carrillo, Director General y Representante Legal de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos «SAYCE»; y, Juan Fernando Velasco, Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos «SAYCE” y en consecuencia, por acción u omisión, los accionados, han vulnerado el derecho a la igualdad y no discriminación artículo 11 numeral 2 y 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador; y, el derecho a la Seguridad Jurídica dispuesto en el artículo 82 de la Carta Magna.- Se deja resuelto en los considerandos OCTAVO, NOVENO Y DÉCIMO las reparaciones mandadas en la ley. Ejecutoriado este fallo, cúmplase con lo ordenado en el artículo 86 numeral 5 de la Constitución de la República del Ecuador concordante con lo previsto en el artículo 25 de la LOGJCC.- DÉCIMO PRIMERO.- Por cuanto los respectivos abogados patrocinadores de la Procuraduría General del Estado, del Director General del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales (SENADI); y, del, Director General y Representante Legal y Presidente del Consejo Directivo de la Sociedad General de Autores y Compositores Ecuatorianos «SAYCE”, plantearon oralmente el recurso de Apelación en la audiencia, por ser procedente y haberse interpuesto conforme lo preceptuado en el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se concede el recurso de apelación, por lo que se emplaza a las partes para que concurran ante el superior a hacer valer sus derechos. Remítase de inmediato el proceso a la Corte Provincial de Justicia del Guayas, a fin de que una de las Salas Especializada conozca el recurso interpuesto.- Por cuanto el artículo 24 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, establece que la interposición del recurso no suspende la ejecución de la sentencia, cuando el apelante fuere la persona o entidad accionada como así ha ocurrido en este caso, debe de su cumplirse esta sentencia de manera inmediata.- Forme parte del expediente los escritos presentados por los Accionados, debiéndose de tomar en consideración los correos y casillas electrónicas que señalan para notificaciones.- Actúe la Ab. Olga García Matamoros en calidad de Secretaria de esta Unidad Judicial.- NOTIFÍQUESE, OFÍCIESE Y CÚMPLASE.-

 

f: RAMOS AGUILERA RICARDO, JUEZ

Lo que comunico a usted para los fines de ley.

GARCIA MATAMOROS OLGA

SECRETARIO

MEDIDAS POR COVID-19